# Ley Orgánica Ordenamiento Territorial Uso Gestion Suelo

> Texto consolidado. Fuente: deley.io/ley/ley-organica-ordenamiento-territorial-uso-gestion-suelo · última reforma 2024-01-30

## TÍTULO VI — RÉGIMEN SANCIONATORIO > Capítulo III — Infracciones y sanciones a la gestión del suelo sujetas al control de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos

### DISPOSICIONES DEROGATORIAS Primera

Sanciones por inobservancia de la obligación de registrar la residencia. La persona que, estando obligada al registro o actualización de su residencia y de los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores que no puedan realizar el registro por sí mismas, o personas con discapacidad que les impida ejercer esta obligación, que habiten o moren con ella, no cumpla con su obligación de conformidad con lo señalado en esta Ley, será sancionada con una multa equivalente al uno por mil del salario básico unificado del trabajador en general, por cada día de retardo, contada a partir de la fecha en la que la obligación se vuelva exigible, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás normativa aplicable, hasta un máximo de un salario básico unificado del trabajador en general.
La persona que, estando obligada al registro o actualización de su residencia y de los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores que no puedan realizar el registro por sí mismas, o personas con discapacidad que les impida ejercer esta obligación, que habiten o moren con ella, otorgue información falsa o inexacta, será sancionada con una multa equivalente al uno por mil del salario básico unificado del trabajador en general, por cada día de retardo, contada desde el día siguiente en el que se determinó la inexactitud o falsedad de la información, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás normativa aplicable, hasta un máximo de un salario básico unificado del trabajador en general."
2. En el Título IV sustituir las palabras "CAPÍTULO II" por "CAPÍTULO III".
3. Agréguese a continuación de la disposición transitoria cuarta lo siguiente:
"Quinta.- En el plazo de 180 días contados a partir de la publicación de esta reforma en el Registro Oficial, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación adoptará las medidas que fueren pertinentes para garantizar el registro de residencia de las personas adultas mayores y personas con discapacidad; y desarrollará e implementará las herramientas tecnológicas necesarias, a fin de facilitar el registro o actualización en línea de la residencia.
Sexta.- La obligación de registrar la residencia regulada en esta Ley, entrará en vigencia una vez que se cumpla el plazo establecido en la disposición transitoria anterior.
Séptima.- La sanción por inobservancia de la obligación de registrar la residencia regulada en el artículo 75.8 de esta Ley, entrará en vigencia en el plazo de un año contado a partir de la publicación de esta reforma en el Registro Oficial.
Octava.- La obligación de elaborar el padrón electoral por parte del Consejo Nacional Electoral, con base en el registro de residencia, contemplado en el artículo 75.4 de esta Ley, será aplicable a partir del año 2018.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Primera.- Deróguense los artículos 295, 296, 297, 298, 299, 466, 467, 468 y 469 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial No. 303, del 19 de octubre de 2010 y sus posteriores reformas.
Segunda.- Deróguense los artículos 43, 53 e inciso segundo del artículo 45 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas publicado en el Registro Oficial Suplemento 306 de 22 de octubre del 2010.
Disposición final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil dieciséis.
f.) GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO Presidenta f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ Secretaria General.

## TÍTULO I — PRINCIPIOS Y REGLAS GENERALES > Capítulo I — Objeto y Ámbito

### Art. 1

Objeto. Esta Ley tiene por objeto fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con otras que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en concordancia con las competencias de los diferentes niveles de gobierno.

### Art. 2

Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todo ejercicio de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial, planeamiento y actuación urbanística, obras, instalaciones y actividades que ocupen el territorio o incidan significativamente sobre él, realizadas por el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras personas jurídicas públicas o mixtas en el marco de sus competencias, así como por personas naturales o jurídicas privadas.

### Art. 3

Fines. Son fines de la presente Ley:
1. Orientar las políticas públicas relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano, a la vivienda adecuada y digna; promover un uso eficiente, equitativo, racional y equilibrado del suelo urbano y rural a través de la definición de principios, directrices y lineamientos, y generar un hábitat seguro y saludable en todo el territorio.
2. Definir mecanismos y herramientas para la gestión de la competencia de ordenamiento territorial de los diferentes niveles de gobierno, generar articulación entre los instrumentos de planificación y propiciar la correspondencia con los objetivos de desarrollo.
3. Establecer mecanismos e instrumentos técnicos que permitan el ejercicio de las competencias de uso y gestión del suelo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos y del Estado en general, dirigidos a fomentar y fortalecer la autonomía, desconcentración y descentralización.
4. Promover el eficiente, equitativo, racional y equilibrado aprovechamiento del suelo rural y urbano para consolidar un hábitat seguro y saludable en el territorio nacional así como un sistema de asentamientos humanos policéntrico, articulado, complementario y ambientalmente sustentable.
5. Establecer mecanismos que permitan disponer del suelo urbanizado necesario para garantizar el acceso de la población a una vivienda adecuada y digna, mediante la promoción de actuaciones coordinadas entre los poderes públicos, las organizaciones sociales y el sector privado.
6. Definir parámetros de calidad urbana en relación con el espacio público, las infraestructuras y la prestación de servicios básicos de las ciudades, en función de la densidad edificatoria y las particularidades geográficas y culturales existentes.
7. Racionalizar el crecimiento urbano de las ciudades para proteger los valores paisajísticos, patrimoniales y naturales del territorio que permitan un desarrollo integral del ser humano.
8. Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a un ambiente sano, mediante un proceso de planificación del territorio que permita la identificación de los valores y potencialidades del suelo para lograr un desarrollo sustentable que aproveche de manera eficiente los recursos existentes.
9. Homologar a nivel nacional los conceptos e instrumentos relativos a ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico y gestión del suelo, de acuerdo con las competencias de cada nivel de gobierno; incrementar la eficacia de la gestión pública en el ámbito del ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión del suelo; y brindar seguridad jurídica a las actuaciones públicas y privadas sobre el territorio.
10. Propiciar los mecanismos que permitan la participación de la sociedad en los beneficios económicos, derivados de las acciones y decisiones públicas en el territorio y el desarrollo urbano en general.
11. Establecer un sistema institucional que permita la generación y el acceso a la información, la regulación, el control y la sanción en los procesos de ordenamiento territorial, urbanístico y de gestión del suelo, garantizando el cumplimiento de la ley y la correcta articulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los diferentes niveles de gobierno.

### Art. 4

Glosario. Para efectos de la aplicación de esta Ley, se utilizarán las siguientes definiciones constantes en este artículo:
1. Actuación urbanística. Procedimiento de gestión y forma de ejecución orientado por el planeamiento urbanístico que implica un proceso concreto de transformación del suelo o de su infraestructura, o una modificación de los usos específicos del mismo.
2. Asentamientos humanos. Son conglomerados de pobladores que se asientan de modo concentrado o disperso sobre un territorio.
3. Barrio. Son unidades básicas de asentamiento humano y organización social en una ciudad, que devienen por ello en la base de la participación ciudadana para la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial municipal o metropolitano, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula la organización territorial del Ecuador y la participación ciudadana.
3. Ciudad. Es un núcleo de población organizada para la vida colectiva a través de instituciones locales de gobierno de carácter municipal o metropolitano. Comprende tanto el espacio urbano como el entorno rural que es propio de su territorio y que dispone de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo político, económico, social y cultural de sus ciudadanos.
4. Desarrollo urbano. Comprende el conjunto de políticas, decisiones y actuaciones, tanto de actores públicos como privados, encaminados a generar mejores condiciones y oportunidades para el disfrute pleno y equitativo de los espacios, bienes y servicios de las ciudades.
5. Edificabilidad. Se refiere al volumen edificable o capacidad de aprovechamiento constructivo atribuida al suelo por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano.
6. Equipamiento social y de servicios. Espacio o edificación, principalmente de uso público, donde se realizan actividades sociales complementarias a las relacionadas con la vivienda y el trabajo; incluye al menos los servicios de salud, educación, bienestar social, recreación y deporte, transporte, seguridad y administración pública.
7. Espacio Público. Son espacios de la ciudad donde todas las personas tienen derecho a estar y circular libremente, diseñados y construidos con fines y usos sociales recreacionales o de descanso, en los que ocurren actividades colectivas materiales o simbólicas de intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad.
8. Fraccionamiento, partición o subdivisión. Son los procesos mediante los cuales un predio se subdivide en varios predios a través de una autorización del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano, que viabiliza el registro e individualización de predios, solares o lotes resultantes, los cuales pueden tener distintos condicionamientos y obligaciones en función de lo previsto en el respectivo plan de uso y gestión de suelo.
9. Hábitat. Para efectos de esta Ley, es el entorno en el que la población desarrolla la totalidad de sus actividades y en el que se concretan todas las políticas y estrategias territoriales y de desarrollo del Gobierno Central y descentralizado orientadas a la consecución del Buen Vivir.
10. Infraestructura. Se refiere a las redes, espacios e instalaciones principalmente públicas necesarias para el adecuado funcionamiento de la ciudad y el territorio, relacionadas con la movilidad de personas y bienes, así como con la provisión de servicios básicos.
11. Norma urbanística. Se refiere a aquellas que regulan el uso, la edificabilidad, las formas de ocupación del suelo y los derechos y obligaciones derivados del mismo y son de cumplimiento obligatorio para la actuación urbanística.
12. Planeamiento urbanístico. Es el conjunto de instrumentos, disposiciones técnicas y normativas que determinan la organización espacial del uso y la ocupación del suelo urbano y rural, así como los derechos y obligaciones derivados de los mismos.
13. Sistemas públicos de soporte. Son las infraestructuras para la dotación de servicios básicos y los equipamientos sociales y de servicio requeridos para el buen funcionamiento de los asentamientos humanos. Estos son al menos: las redes viales y de transporte en todas sus modalidades, las redes e instalaciones de comunicación, energía, agua, alcantarillado y manejo de desechos sólidos, el espacio público, áreas verdes, así como los equipamientos sociales y de servicios. Su capacidad de utilización máxima es condicionante para la determinación del aprovechamiento del suelo.
14. Tratamientos urbanísticos para suelo urbano:
a) Tratamiento de conservación. Se aplica a aquellas zonas urbanas que posean un alto valor histórico, cultural, urbanístico, paisajístico o ambiental, con el fin de orientar acciones que permitan la conservación y valoración de sus características, de conformidad con la legislación ambiental o patrimonial, según corresponda.
b) Tratamiento de consolidación. Se aplica a aquellas áreas con déficit de espacio público, infraestructura y equipamiento público que requieren ser mejoradas, condición de la cual depende el potencial de consolidación y redensificación.
c) Tratamiento de desarrollo. Se aplican a zonas que no presenten procesos previos de urbanización y que deban ser transformadas para su incorporación a la estructura urbana existente, alcanzando todos los atributos de infraestructuras, servicios y equipamientos públicos necesarios.
d) Tratamiento de mejoramiento integral. Se aplica a aquellas zonas caracterizadas por la presencia de asentamientos humanos con alta necesidad de intervención para mejorar la infraestructura vial, servicios públicos, equipamientos y espacio público y mitigar riesgos, en zonas producto del desarrollo informal con capacidad de integración urbana o procesos de redensificación en urbanizaciones formales que deban ser objeto de procesos de reordenamiento físico-espacial, regularización predial o urbanización.
e) Tratamiento de renovación. Se aplica en áreas en suelo urbano que por su estado de deterioro físico, ambiental y/o baja intensidad de uso y la pérdida de unidad morfológica, necesitan ser reemplazadas por una nueva estructura que se integre física y socialmente al conjunto urbano. El aprovechamiento de estos potenciales depende de la capacidad máxima de utilización de los sistemas públicos de soporte.
f) Tratamiento de sostenimiento. Se aplica en áreas que se caracterizan por un alto grado de homogeneidad morfológica, coherencia entre el uso y la edificación y una relación de equilibrio entre la capacidad máxima de utilización de los sistemas públicos de soporte y los espacios edificados que no requiere de la intervención en la infraestructura y equipamientos públicos, sino de la definición de una normativa urbanística destinada a mantener el equilibrio orientado.
15. Tratamientos urbanísticos para suelo rural:
a) Tratamiento de conservación. Se aplica a aquellas zonas rurales que posean un alto valor histórico, cultural, paisajístico, ambiental o agrícola, con el fin de orientar acciones que permitan la conservación y valoración de sus características, de conformidad con la legislación ambiental o patrimonial, según corresponda.
b) Tratamiento de desarrollo. Se aplica al suelo rural de expansión urbana que no presente procesos previos de urbanización y que deba ser transformado para su incorporación a la estructura urbana existente, para lo cual se le dotará de todos los sistemas públicos de soporte necesarios.
c) Tratamiento de mitigación. Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de aprovechamiento extractivo donde se deben establecer medidas preventivas para minimizar los impactos generados por la intervención que se desarrollará, según lo establecido en la legislación ambiental.
d) Tratamiento de promoción productiva. Se aplica a aquellas zonas rurales de producción para potenciar o promover el desarrollo agrícola, acuícola, ganadero, forestal o de turismo, privilegiando aquellas actividades que garanticen la soberanía alimentaria, según lo establecido en la legislación agraria.
e) Tratamiento de recuperación. Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de aprovechamiento productivo o extractivo que han sufrido un proceso de deterioro ambiental y/o paisajístico, debido al desarrollo de las actividades productivas o extractivas y cuya recuperación es necesaria para mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales, según lo establecido en la legislación ambiental y agraria.
16. Urbanización. Es el conjunto de obras de dotación de infraestructuras, equipamientos y espacio público.
17. Vivienda adecuada y digna. Aquella que cuenta simultáneamente con los servicios de agua segura y saneamiento adecuado; electricidad de la red pública; gestión integral de desechos; condiciones materiales adecuadas; con espacio suficiente; ubicadas en zonas seguras; con accesibilidad; seguridad en la tenencia; asequible; y, adecuada a la realidad cultural.

## TÍTULO I — PRINCIPIOS Y REGLAS GENERALES > Capítulo II — Principios rectores y derechos orientadores del ordenamiento territorial y planeamiento del uso y gestión del suelo

### Art. 5

Principios rectores. Son principios para el ordenamiento territorial, uso y la gestión del suelo los siguientes:
1. La sustentabilidad. La gestión de las competencias de ordenamiento territorial, gestión y uso del suelo promoverá el desarrollo sustentable, el manejo eficiente y racional de los recursos, y la calidad de vida de las futuras generaciones.
2. La equidad territorial y justicia social. Todas las decisiones que se adopten en relación con el territorio propenderán a garantizar a la población que se asiente en él, igualdad de oportunidades para aprovechar las opciones de desarrollo sostenible y el acceso a servicios básicos que garanticen el Buen Vivir.
3. La autonomía. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán sus competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo dentro del marco constitucional, legal vigente y de las regulaciones nacionales que se emitan para el efecto, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales, que serán determinadas por los organismos competentes reconocidos en la Constitución.
4. La coherencia. Las decisiones respecto del desarrollo y el ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo deben guardar coherencia y armonía con las realidades sociales, culturales, económicas y ambientales propias de cada territorio.
5. La concordancia. Las decisiones territoriales de los niveles autónomos descentralizados de gobierno y los regímenes especiales deben ser articuladas entre ellas y guardarán correspondencia con las disposiciones del nivel nacional en el marco de los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, integración y participación ciudadana, ejercicio concurrente de la gestión, y colaboración y complementariedad establecidos en los artículos 260 y 238 de la Constitución de la República.
6. El derecho a la ciudad. Comprende los siguientes elementos:
a) El ejercicio pleno de la ciudadanía que asegure la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y justicia.
b) La gestión democrática de las ciudades mediante formas directas y representativas de participación democrática en la planificación y gestión de las ciudades, así como mecanismos de información pública, transparencia y rendición de cuentas.
c) La función social y ambiental de la propiedad que anteponga el interés general al particular y garantice el derecho a un hábitat seguro y saludable. Este principio contempla la prohibición de toda forma de confiscación.
7. La función pública del urbanismo. Todas las decisiones relativas a la planificación y gestión del suelo se adoptarán sobre la base del interés público, ponderando las necesidades de la población y garantizando el derecho de los ciudadanos a una vivienda adecuada y digna, a un hábitat seguro y saludable, a un espacio público de calidad y al disfrute del patrimonio natural y cultural.
8. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Se garantizará el justo reparto de las cargas y beneficios entre los diferentes actores implicados en los procesos urbanísticos, conforme con lo establecido en el planeamiento y en las normas que lo desarrollen.

### Art. 6

Del ejercicio de los derechos de las personas sobre el suelo. Las competencias y facultades públicas a las que se refiere esta Ley estarán orientadas a procurar la efectividad de los derechos constitucionales de la ciudadanía. En particular los siguientes:
1. El derecho a un hábitat seguro y saludable.
2. El derecho a una vivienda adecuada y digna.
3. El derecho a la ciudad.
4. El derecho a la participación ciudadana.
5. El derecho a la propiedad en todas sus formas.

### Art. 7

Implicaciones de la función social y ambiental de la propiedad. Para efectos de esta Ley, la
función social y ambiental de la propiedad en el suelo urbano y rural de expansión urbana implica:
1. La obligación de realizar las obras de urbanización y edificación, conforme con la normativa y
planeamiento urbanístico y con las cargas urbanísticas correspondientes.
2. La obligación de destinar los predios al uso previsto en la ley o el planeamiento urbanístico.
3. El derecho de la sociedad a participar en los beneficios producidos por la planificación urbanística y el
desarrollo urbano en general.
4. El control de prácticas especulativas sobre bienes inmuebles y el estímulo a un uso socialmente justo y
ambientalmente sustentable del suelo.
5. La promoción de condiciones que faciliten el acceso al suelo con servicios a la población con ingresos
medios y bajos.
6. Conservar el suelo, los edificios, las construcciones y las instalaciones en las condiciones adecuadas
para evitar daños al patrimonio natural y cultural, y a la seguridad de las personas.
7. El Estado ecuatoriano reconoce y garantiza a los animales el derecho a un hábitat y a la vida en un
entorno adecuado para cada especie, con refugio y condiciones de descanso apropiadas. Libre de
incomodidades físicas o térmicas. La normativa vecinal deberá adaptarse a la convivencia pacífica y
armónica con los animales, quedando en responsabilidad de sus tenedores la limpieza y condiciones
mínimas para evitar afectaciones a los cohabitantes.
La función social y ambiental de la propiedad en el suelo rural se establece en las leyes que regulan el
suelo productivo, extractivo y de conservación.

### Art. 8

Derecho a edificar.- El derecho a edificar consiste en la capacidad de utilizar y construir, en un
suelo determinado de acuerdo con las normas urbanísticas y la edificabilidad asignada por el Gobierno
Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano.
El derecho a edificar se adquiere mediante la aprobación definitiva del permiso de construcción, salvo las
excepciones que establezca la ley. El ejercicio del derecho estará sujeto al cumplimiento de las
obligaciones urbanísticas previstas en el planeamiento municipal o metropolitano, las normas nacionales
de construcción y los estándares de prevención de riesgos naturales y antrópicos definidos por el ente
rector nacional.
Este derecho se extinguirá una vez fenecido el plazo determinado en dicho permiso.

## TÍTULO II — ORDENAMIENTO TERRITORIAL > Capítulo I — Definición y objeto

### Art. 9

Ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento territorial constará en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno.
La rectoría nacional del ordenamiento territorial será ejercida por el ente rector de la planificación nacional en su calidad de entidad estratégica.

### Art. 10

Objeto. El ordenamiento territorial tiene por objeto:
1. La utilización racional y sostenible de los recursos del territorio.
2. La protección del patrimonio natural y cultural del territorio.
3. La regulación de las intervenciones en el territorio proponiendo e implementando normas que orienten la formulación y ejecución de políticas públicas.

### Art. 11

Alcance del componente de ordenamiento territorial. Además de lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras disposiciones legales, la planificación del ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados observarán, en el marco de sus competencias, los siguientes criterios:
1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales delimitarán los ecosistemas de escala regional; las cuencas hidrográficas y localizarán las infraestructuras hidrológicas, de conformidad con las directrices de la Autoridad Única del Agua; la infraestructura de transporte y tránsito, así como el sistema vial de ámbito regional.
2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales integrarán el componente de ordenamiento territorial de los cantones que forman parte de su territorio en función del modelo económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la provincia.
3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población.
Las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo de este nivel de gobierno racionalizarán las intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno.
4. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales acogerán el diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y provincial, y podrán, en el ámbito de su territorio, especificar el detalle de dicha información. Además, localizarán sus obras o intervenciones en su territorio.
Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben contemplar el territorio que ordenan como un todo inescindible y, en consecuencia, considerarán todos los valores y todos los usos presentes en él, así como los previstos en cualquier otro plan o proyecto, aunque este sea de la competencia de otro nivel de gobierno, de manera articulada con el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

## TÍTULO II — ORDENAMIENTO TERRITORIAL > Capítulo II — Instrumentos de ordenamiento territorial

### Art. 12

Instrumentos para el ordenamiento territorial. Para el efectivo ejercicio de la competencia de ordenamiento territorial, los instrumentos de ordenamiento territorial son:
1. Instrumentos de planificación supranacional. En el marco de la integración latinoamericana e inserción estratégica internacional, el ente rector de la planificación nacional, en coordinación con el rector de políticas de relaciones exteriores, establecerá planes fronterizos, binacionales, regionales, y los demás que considere pertinentes.
2. Instrumentos del nivel nacional. Los instrumentos para el ordenamiento territorial a nivel nacional son la Estrategia Territorial Nacional, los planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégico y los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio. Estos instrumentos serán formulados y aprobados por el Gobierno Central.
3. Instrumentos de los niveles regional, provincial, cantonal, parroquial rural y regímenes especiales. Los instrumentos para el ordenamiento territorial de los niveles regional, provincial, cantonal, parroquial rural y regímenes especiales son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes complementarios, aprobados por los respectivos Gobiernos Autónomos Descentralizados y los regímenes especiales en el ámbito de sus competencias. El Régimen Especial de Galápagos contará con un plan para el desarrollo sustentable y ordenamiento territorial, que se regulará en su ley específica.

### Art. 13

De los planes complementarios a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.- Los planes complementarios son instrumentos de planificación de los niveles de gobierno regional, provincial, municipal y metropolitano, que tienen por objeto detallar, completar y desarrollar de forma específica lo establecido en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Estos podrán referirse al ejercicio de una competencia exclusiva, o a zonas o áreas específicas del territorio que presenten características o necesidades diferenciadas.
Los planes complementarios no podrán modificar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.

### Art. 14

De la formulación o actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.- El proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se regulará por la norma técnica que expida el Consejo Técnico.

### Art. 15

Naturaleza jurídica de los instrumentos de ordenamiento territorial. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vinculan a la administración pública y son orientativos para los demás sectores, salvo los planes de uso y gestión de suelo y sus planes complementarios, que serán vinculantes y de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas.
Son nulos los actos administrativos de aprobación o de autorización de planes, proyectos, actividades o usos del suelo que sean contrarios al plan de uso y gestión de suelo y a sus planes urbanísticos complementarios, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal de los servidores que participaron en su aprobación.

## TÍTULO III — PLANEAMIENTO DEL USO Y DE LA GESTIÓN DEL SUELO > Capítulo I — Suelo

### Art. 16

Suelo. El suelo es el soporte físico de las actividades que la población lleva a cabo en búsqueda de su desarrollo integral sostenible y en el que se materializan las decisiones y estrategias territoriales, de acuerdo con las dimensiones social, económica, cultural y ambiental.

### Art. 17

Clases de suelo. En los planes de uso y gestión de suelo, todo el suelo se clasificará en urbano y rural en consideración a sus características actuales.
La clasificación del suelo es independiente de la asignación político-administrativa de la parroquia como urbana o rural.

### Art. 18

Suelo Urbano. El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados que están dotados total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que constituye un sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados. Estos asentamientos humanos pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos urbanos en suelo rural. Para el suelo urbano se establece la siguiente subclasificación:
1. Suelo urbano consolidado. Es el suelo urbano que posee la totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado por la edificación.
2. Suelo urbano no consolidado. Es el suelo urbano que no posee la totalidad de los servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios, y que requiere de un proceso para completar o mejorar su edificación o urbanización.
3. Suelo urbano de protección. Es el suelo urbano que por sus especiales características biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, o por presentar factores de riesgo para los asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el cual se restringirá la ocupación según la legislación nacional y local correspondiente. Para la declaratoria de suelo urbano de protección, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos acogerán lo previsto en la legislación nacional ambiental, patrimonial y de riesgos.
Para la delimitación del suelo urbano se considerará de forma obligatoria los parámetros sobre las condiciones básicas como gradientes, sistemas públicos de soporte, accesibilidad, densidad edificatoria, integración con la malla urbana y otros aspectos.

### Art. 19

Suelo rural. El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agroproductivas, extractivas o forestales, o el que por sus especiales características biofísicas o geográficas debe ser protegido o reservado para futuros usos urbanos. Para el suelo rural se establece la siguiente subclasificación:
1. Suelo rural de producción. Es el suelo rural destinado a actividades agroproductivas, acuícolas, ganaderas, forestales y de aprovechamiento turístico, respetuosas del ambiente. Consecuentemente, se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento.
2. Suelo rural para aprovechamiento extractivo. Es el suelo rural destinado por la autoridad competente, de conformidad con la legislación vigente, para actividades extractivas de recursos naturales no renovables, garantizando los derechos de naturaleza.
3. Suelo rural de expansión urbana. Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su uso urbano de conformidad con el plan de uso y gestión de suelo. El suelo rural de expansión urbana será siempre colindante con el suelo urbano del cantón o distrito metropolitano, a excepción de los casos especiales que se definan en la normativa secundaria.
La determinación del suelo rural de expansión urbana se realizará en función de las previsiones de crecimiento demográfico, productivo y socioeconómico del cantón o distrito metropolitano, y se ajustará a la viabilidad de la dotación de los sistemas públicos de soporte definidos en el plan de uso y gestión de suelo, así como a las políticas de protección del suelo rural establecidas por la autoridad agraria o ambiental nacional competente.
Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no se definirá como suelo urbano o rural de expansión urbana aquel que sea identificado como de alto valor agroproductivo por parte de la autoridad agraria nacional, salvo que exista una autorización expresa de la misma.
Los procedimientos para la transformación del suelo rural a suelo urbano o rural de expansión urbana, observarán de forma obligatoria lo establecido en esta Ley.
Queda prohibida la urbanización en predios colindantes a la red vial estatal, regional o provincial, sin previa autorización del nivel de gobierno responsable de la vía.
4. Suelo rural de protección. Es el suelo rural que por sus especiales características biofísicas, ambientales, paisajísticas, socioculturales, o por presentar factores de riesgo, merece medidas específicas de protección. No es un suelo apto para recibir actividades de ningún tipo, que modifiquen su condición de suelo de protección, por lo que se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. Para la declaratoria de suelo rural de protección se observará la legislación nacional que sea aplicable.

### Art. 20

Aprovechamiento urbanístico o de suelo. El aprovechamiento urbanístico o de suelo determina las posibilidades de utilización del suelo, en términos de clasificación, uso, ocupación y edificabilidad, de acuerdo con los principios rectores definidos en esta Ley.

### Art. 21

Uso. El uso es la destinación asignada al suelo, conforme con su clasificación y subclasificación, previstas en esta Ley. Los usos serán determinados en los respectivos planes de uso y gestión de suelo y en sus instrumentos complementarios.

### Art. 22

Uso general. Uso general es aquel definido por el plan de uso y gestión de suelo que caracteriza un determinado ámbito espacial, por ser el dominante y mayoritario.

### Art. 23

Usos específicos. Usos específicos son aquellos que detallan y particularizan las disposiciones del uso general en un predio concreto, conforme con las categorías de uso principal, complementario, restringido y prohibido.
En el plan de uso y gestión de suelo el régimen de usos específicos se clasificará en las siguientes categorías:
1. Uso principal. Es el uso específico permitido en la totalidad de una zona.
2. Uso complementario. Es aquel que contribuye al adecuado funcionamiento del uso principal, permitiéndose en aquellas áreas que se señale de forma específica.
3. Uso restringido. Es aquel que no es requerido para el adecuado funcionamiento del uso principal, pero que se permite bajo determinadas condiciones.
4. Uso prohibido. Es aquel que no es compatible con el uso principal o complementario, y no es permitido en una determinada zona. Los usos que no estén previstos como principales, complementarios o restringidos se encuentran prohibidos.
Los usos urbanos específicos, que no hayan sido definidos previamente en el plan de uso y gestión de suelo, serán determinados mediante el desarrollo del correspondiente plan parcial definido en esta Ley.
El régimen de usos previsto para el suelo urbano y rural de protección y el rural de aprovechamiento extractivo y de producción tendrán en cuenta lo que para el efecto señale la legislación nacional aplicable.

### Art. 24

Ocupación del suelo. La ocupación del suelo es la distribución del volumen edificable en un terreno en consideración de criterios como altura, dimensionamiento y localización de volúmenes, forma de edificación, retiros y otras determinaciones de tipo morfológicos. La ocupación de suelo será determinada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos mediante su normativa urbanística que comprenderá al menos el lote mínimo, los coeficientes de ocupación, aislamientos, volumetrías y alturas, conforme lo establecido en esta Ley.

### Art. 25

Edificabilidad. La edificabilidad es la capacidad de aprovechamiento constructivo atribuida al suelo por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano. La capacidad de aprovechamiento constructivo atribuida al suelo será regulada mediante la asignación de:
1. La edificabilidad general máxima. Es la edificabilidad total asignada a un polígono de intervención territorial o a cualquier otro ámbito de planeamiento, y se asignará en el plan de uso y gestión del suelo.
2. La edificabilidad específica máxima. Es la edificabilidad asignada a un determinado predio de forma detallada.
La edificabilidad específica que no haya sido definida en el plan de uso y gestión de suelo será determinada mediante el desarrollo del correspondiente plan parcial.

### Art. 26

Edificabilidad básica. La edificabilidad básica es la capacidad de aprovechamiento constructivo atribuida al suelo por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano que no requiere de una contraprestación por parte del propietario de dicho suelo. El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano determinará la edificabilidad básica y podrá otorgar de manera onerosa el aprovechamiento superior al básico a excepción de los casos obligatorios que se definan en esta Ley o normativa secundaria.

## TÍTULO III — PLANEAMIENTO DEL USO Y DE LA GESTIÓN DEL SUELO > Capítulo II — Planeamiento

### Art. 27

Plan de uso y gestión de suelo. Además de lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos contendrán un plan de uso y gestión de suelo que incorporará los componentes estructurante y urbanístico.
El Consejo Técnico dictará las normas correspondientes para la regulación del plan de uso y gestión.

### Art. 28

Componente estructurante del plan de uso y gestión de suelo. Estará constituido por los contenidos de largo plazo que respondan a los objetivos de desarrollo y al modelo territorial deseado según lo establecido en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial municipal o metropolitano, y las disposiciones correspondientes a otras escalas del ordenamiento territorial, asegurando la mejor utilización de las potencialidades del territorio en función de un desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a partir de la determinación de la estructura urbano-rural y de la clasificación del suelo.

### Art. 29

Componente urbanístico del plan de uso y gestión de suelo. Establecido el componente estructurante, los planes de uso y gestión deberán determinar el uso y edificabilidad de acuerdo a la clasificación del suelo, así como los instrumentos de gestión a ser empleados según los requerimientos específicos.

### Art. 30

Vigencia del plan de uso y gestión de suelo. - El plan de uso y gestión de suelo estará vigente
durante un período de doce años en su componente estructurante. En el caso de aprobarse planes
parciales de expansión urbana, se podrá actualizar la clasificación y subclasificación del suelo conforme
lo establecido en el plan, de acuerdo con los parámetros determinados en la normativa vigente.
El componente urbanístico podrá actualizarse al principio de cada período de gestión y deberá estar
justificado técnica y legalmente conforme las causales de la normativa vigente para el efecto. En todo
caso y cualquiera que haya sido su causa, la actualización del plan de uso y gestión de suelo debe
preservar su completa coherencia con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial vigente en ese nivel
de gobierno, de manera articulada con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. En caso de que sea
necesaria la modificación del componente estructurante, deberá estar técnica y jurídicamente justificada y
en coherencia con los objetivos de desarrollo del plan de desarrollo y ordenamiento territorial y su modelo
territorial deseado, siempre que se cumpla una de las siguientes causales:
a) Cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico se implanta en la jurisdicción del GAD y debe
adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva Planificación Especial;
b) Por fuerza mayor;
c) Por transformación de suelo rural a suelo rural de expansión urbana o a suelo urbano cuando se
aplique la figura de la Concesión Onerosa de Derechos (COD);
d) Por cambio de clasificación y subclasificación de suelo con exoneración o reducción del pago por la
Concesión Onerosa de Derechos (COD) en proyectos de vivienda de interés social.
En todas las causales se seguirán los procedimientos participativos y técnicos establecidos en la ley y por
la entidad rectora correspondiente. En los casos de cambio de subclasificación de suelo rural de
producción con uso de suelo agrario a suelo rural de expansión urbana o urbano, se deberá contar con la
autorización de la autoridad agraria nacional, conforme la normativa sectorial.

### Art. 31

Planes urbanísticos complementarios. Los planes urbanísticos complementarios son aquellos dirigidos a detallar, completar y desarrollar de forma específica las determinaciones del plan de uso y gestión de suelo. Son planes complementarios: los planes maestros sectoriales, los parciales y otros instrumentos de planeamiento urbanístico.
Estos planes están subordinados jerárquicamente al plan de desarrollo y ordenamiento territorial y no modificarán el contenido del componente estructurante del plan de uso y gestión de suelo.

### Art. 32

Planes Parciales.- Los planes parciales tienen por objeto la regulación urbanística y de gestión
de suelo detallada para los polígonos de intervención territorial en suelo urbano y en suelo rural de
expansión urbana. Los planes parciales determinarán:
1. La normativa urbanística específica, conforme con los estándares urbanísticos pertinentes;
2. Los programas y proyectos de intervención física asociados al mejoramiento de los sistemas públicos
de soporte, especialmente en asentamientos de hecho, y la ejecución y adecuación de vivienda de interés
social;
3. La selección y aplicación de los instrumentos de gestión de suelo y de necesitar, la delimitación de las
unidades de actuación urbanística, conforme con lo establecido en el plan de uso y gestión de suelo a fin
de consolidar los sistemas públicos de soporte y responder a la demanda de vivienda de interés social;
4. La infraestructura necesaria para los servicios de agua segura y saneamiento adecuado.
En caso de que un plan parcial no considere la determinación y delimitación de Unidades de Actuación
Urbanística, el plan deberá determinar la metodología de financiamiento urbano o captura de plusvalía
mediante Concesión Onerosa de Derechos (COD), las cuales no podrán ser de un monto menor a la
determinada por el método del valor residual del suelo.
Los programas para la regularización prioritaria de los asentamientos humanos de hecho con capacidad
de integración urbana, los programas para la relocalización de asentamientos humanos en zonas de
riesgo no mitigable y los casos definidos como obligatorios serán regulados mediante plan parcial. De
conformidad con la situación física del asentamiento, los planes parciales aplicados a los procesos de
regularización de asentamientos humanos, establecerán la necesidad de aplicación, o no, de unidades de
actuación urbanística y otros instrumentos de gestión de suelo.

### Art. 33

Alcance del plan parcial. En el caso de que el plan parcial modifique contenidos del componente urbanístico del plan de uso y gestión de suelo estará debidamente justificado conforme con lo establecido en esta Ley.

### Art. 34

Obligatoriedad del plan parcial.- Los planes parciales serán de aplicación obligatoria en suelo
urbano y suelo rural de expansión urbana y contendrán la selección de los instrumentos de gestión de
suelo, determinaciones para su aplicación y de ser necesario, la definición de las unidades de actuación
urbanística de acuerdo con lo definido en la presente Ley.
En los casos de aplicación de planes parciales de expansión urbana se deberá obtener la autorización de
transformación de suelo rural a suelo urbano de manera previa a la aprobación del plan. Una vez
aprobado un plan parcial en suelo de expansión urbana, los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales o metropolitanos podrán actualizar la cartografía del componente estructurante y urbanístico
del plan de uso y gestión del suelo.
Los planes parciales serán obligatorios en caso de aplicación del reajuste de terrenos, integración
inmobiliaria, cooperación entre partícipes cuando se apliquen mecanismos de reparto equitativo de cargas
y beneficios, así como en la modificación de usos de suelo y en la autorización de un mayor
aprovechamiento del suelo.

### Art. 35

Iniciativa del plan parcial. Los planes parciales serán de iniciativa pública o mixta. La vigencia de cada plan parcial estará prevista al momento de su aprobación, y podrá exceder la vigencia del plan de uso y gestión de suelo respectivo.

### Art. 36

Planes maestros sectoriales. Los planes maestros sectoriales tienen como objetivo detallar,
desarrollar y/o implementar las políticas, programas y/o proyectos públicos de carácter sectorial sobre el
territorio cantonal o distrital. Guardarán concordancia con los planes sectoriales del Ejecutivo con
incidencia en el territorio y con las determinaciones del plan de desarrollo y ordenamiento territorial
municipal o metropolitano.
La iniciativa para la elaboración de estos planes puede provenir de la administración metropolitana o
municipal competente o del órgano rector de la política competente por razón de la materia.
Para la implementación de las políticas, programas y/o proyectos públicos de carácter sectorial y
estratégico sobre el territorio cantonal o distrital se entenderá a los proyectos nacionales de carácter
estratégico de construcción de vivienda declarados por el Presidente de la República.

### Art. 37

Otros instrumentos de planeamiento urbanístico. - Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales y metropolitanos podrán generar otros instrumentos de planeamiento urbanístico que sean
necesarios en función de sus características territoriales, siempre que estos no se contrapongan con lo
establecido en la normativa nacional vigente. Los otros instrumentos de planeamiento urbanístico no
podrán modificar contenidos del componente estructurante y urbanístico del plan de uso y gestión de
suelo; de ser el caso, los cambios en el aprovechamiento urbanístico deberán desarrollarse mediante un
plan parcial.

### Art. 38

Procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos complementarios. Los planes urbanísticos complementarios serán aprobados por el órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano, de conformidad con la ordenanza que se expida para el efecto, la que, al menos, garantizará la participación ciudadana y una fase de consultas con otros niveles de gobierno.

### Art. 39

Carácter no indemnizable.- El ordenamiento territorial, el planeamiento urbanístico, los planes de
uso y gestión de suelo, sus instrumentos complementarios, así como sus modificaciones, actualizaciones
o sustituciones no confieren derechos de indemnización, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución
y la ley.
El establecimiento de regulaciones que especifiquen los usos, la ocupación y la edificabilidad previstas en
los instrumentos de planeamiento y gestión del suelo no confiere derechos adquiridos a los particulares,
por sí mismos. La mera expectativa de desarrollo no constituye derecho.
Se exceptúan de esta regla general los casos en los que, conforme a esta Ley, se hubieren consolidado
derechos urbanísticos adquiridos, así como aquellas situaciones jurídicas particulares derivadas de actos
administrativos, gravámenes, cargas u obligaciones impuestas por la autoridad pública, siempre bajo
estricta proporcionalidad, cuya modificación, suspensión o revocatoria deberá observar los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima.
En estos casos excepcionales, y únicamente cuando se verifique la existencia efectiva de tales derechos
y la concurrencia de los supuestos señalados en el inciso anterior, deberá reconocerse, de forma
proporcional, mecanismos de protección normativa conforme a esta ley y su normativa secundaria.

### Art. 40

Instrumentos de planeamiento del suelo. Los instrumentos de planeamiento del suelo son herramientas que orientan la generación y aplicación de la normativa urbanística, y consisten en:
1. Polígonos de intervención territorial.
2. Tratamientos.
3. Estándares urbanísticos.

### Art. 41

Polígonos de intervención territorial. Los polígonos de intervención territorial son las áreas urbanas o rurales definidas por los planes de uso y gestión de suelo, a partir de la identificación de características homogéneas de tipo geomorfológico, ambiental, paisajístico, urbanístico, socio-económico e histórico-cultural, así como de la capacidad de soporte del territorio, o de grandes obras de infraestructura con alto impacto sobre el territorio, sobre las cuales se deben aplicar los tratamientos correspondientes.

### Art. 42

Tratamientos urbanísticos. Los tratamientos son las disposiciones que orientan las estrategias de planeamiento urbanístico de suelo urbano y rural, dentro de un polígono de intervención territorial, a partir de sus características de tipo morfológico, físico-ambiental y socio-económico. Los tratamientos están definidos en el glosario de esta Ley.
La consideración por el plan de uso y gestión de suelo, de un suelo como urbano no consolidado o rural de expansión urbana tiene como consecuencia el deber de incluirlo en una o varias unidades de actuación urbanística para consolidar, mejorar o desarrollar su urbanización.
El plan de uso y gestión de suelo asignará los tratamientos según la clasificación del suelo de la siguiente manera:
1. Para suelo urbano consolidado se aplicarán los tratamientos de conservación, sostenimiento o renovación.
2. Para suelo urbano no consolidado se aplicará los tratamientos de mejoramiento integral, consolidación o desarrollo.
3. Para el suelo rural de expansión urbana se aplicará el tratamiento de desarrollo.
4. Para el suelo urbano y rural de protección se aplicarán los tratamientos de conservación y recuperación.
5. Para el suelo rural de producción y de aprovechamiento extractivo se aplicarán los tratamientos de promoción productiva, recuperación o mitigación.
La instrumentación de los tratamientos definidos en esta Ley para suelo urbano y rural de protección, así como para suelo rural de producción y de aprovechamiento extractivo será determinada por las regulaciones técnicas que expida el Consejo Técnico sobre la base de la normativa elaborada por los entes rectores según corresponda.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos podrán establecer tratamientos adicionales que consideren necesarios en función de sus características territoriales de conformidad con la legislación vigente.

### Art. 43

Estándares urbanísticos. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos establecerán las determinaciones de obligatorio cumplimiento respecto de los parámetros de calidad exigibles al planeamiento y a las actuaciones urbanísticas con relación al espacio público, equipamientos, previsión de suelo para vivienda social, protección y aprovechamiento del paisaje, prevención y mitigación de riesgos, y cualquier otro que se considere necesario, en función de las características geográficas, demográficas, socio-económicas y culturales del lugar.

## TÍTULO IV — GESTIÓN DEL SUELO > Capítulo I — Conceptos Generales

### Art. 44

Gestión del suelo. La gestión del suelo es la acción y efecto de administrarlo, en función de lo establecido en los planes de uso y gestión de suelo y sus instrumentos complementarios, con el fin de permitir el acceso y aprovechamiento de sus potencialidades de manera sostenible y sustentable, conforme con el principio de distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

### Art. 45

Cargas. Son los gravámenes, imposiciones, afectaciones y cesiones obligatorias de suelo, derivados de la aplicación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y gestión de suelo. Los pagos de las cargas al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano se realizarán en dinero o en especie como: suelo urbanizado, vivienda de interés social, equipamientos comunitarios o infraestructura. Los pagos en especie no suplen el cumplimiento de las cesiones ni de las obligaciones urbanísticas, ni pueden confundirse con estas.

### Art. 46

Beneficios. Se consideran beneficios las rentas y/o utilidades potenciales generadas en los bienes inmuebles, a partir del aprovechamiento del suelo derivado de la asignación de los usos y las edificabilidades establecidas en el plan de uso y gestión de suelo y sus instrumentos complementarios.

### Art. 47

Instrumentos de gestión del suelo. Los instrumentos de gestión del suelo son herramientas técnicas y jurídicas que tienen como finalidad viabilizar la adquisición y la administración del suelo necesario para el cumplimiento de las determinaciones del planeamiento urbanístico y de los objetivos de desarrollo municipal o metropolitano. La gestión del suelo se realizará a través de:
1. Instrumento para la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.
2. Instrumentos para intervenir la morfología urbana y la estructura predial.
3. Instrumentos para regular el mercado de suelo.
4. Instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano.
5. Instrumentos para la gestión del suelo de asentamientos de hecho.
La aplicación de los instrumentos de gestión está sujeta a las determinaciones del plan de uso y gestión de suelo y los planes complementarios que los desarrollen.

## TÍTULO IV — GESTIÓN DEL SUELO > Capítulo II — Instrumentos de gestión

### Art. 48

Instrumento para la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Es aquel que promueve el reparto equitativo de los beneficios derivados del planeamiento urbanístico y la gestión del suelo entre los actores públicos y privados involucrados en función de las cargas asumidas. Dicho instrumento es la unidad de actuación urbanística.

### Art. 49

Unidades de actuación urbanística. Las unidades de actuación urbanística son las áreas de gestión del suelo determinadas mediante el plan de uso y gestión de suelo o un plan parcial que lo desarrolle, y serán conformadas por uno o varios inmuebles que deben ser transformados, urbanizados o construidos, bajo un único proceso de habilitación, con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas, y proveer las infraestructuras y equipamientos públicos. Su delimitación responderá al interés general y asegurará la compensación equitativa de cargas y beneficios.
Las unidades de actuación urbanística determinarán la modalidad y las condiciones para asegurar la funcionalidad del diseño de los sistemas públicos de soporte tales como la vialidad, equipamientos, espacio público y áreas verdes; la implementación del reparto equitativo de cargas y beneficios mediante la gestión asociada de los propietarios de los predios a través de procesos de reajuste de terrenos, integración parcelaria o cooperación entre partícipes; y permitir la participación social en los beneficios producidos por la planificación urbanística mediante la concesión onerosa de derechos de uso y edificabilidad.
Para ello, los planes de uso y gestión de suelo o los planes parciales determinarán la edificabilidad relacionada con los inmuebles que formen parte de unidades de actuación y establecerán su programación temporal según los procedimientos definidos en esta Ley.

### Art. 50

Obligaciones de los propietarios de suelo de una unidad de actuación urbanística. Los propietarios de suelo vinculados a una unidad de actuación urbanística estarán obligados a realizar las siguientes acciones en proporción al aprovechamiento urbanístico que les corresponda, según el reparto equitativo de las cargas y los beneficios:
1. Ceder gratuitamente al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano, el suelo destinado a espacio público, infraestructuras y equipamientos, de conformidad con los estándares urbanísticos definidos por la normativa aplicable y el planeamiento urbanístico en aplicación de lo dispuesto en lo relativo al porcentaje de área verde, comunitaria y vías en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. El suelo así transferido no podrá desafectarse de su finalidad de uso público.
2. Financiar y ejecutar las obras de urbanización de conformidad con lo establecido por la ley y el planeamiento urbanístico.
3. Financiar los gastos derivados de los derrocamientos, reubicaciones, compensaciones, costos de planificación y gestión de la operación inmobiliaria, y demás acciones necesarias para viabilizar la intervención.
En los casos de actuaciones que tengan un impacto negativo singular sobre el paisaje, sobre la movilidad o sobre la funcionalidad de las redes físicas de servicios básicos existentes, el distrito o municipio puede imponer además el deber de financiar las obras exteriores necesarias para suprimir o mitigar este impacto hasta donde lo permita la viabilidad económico-financiera de la actuación urbanística.
El cumplimiento de los deberes de los incisos anteriores es una carga para poder destinar los terrenos a los usos previstos en el plan y disfrutar de los restantes beneficios derivados de él. La propiedad está afectada al levantamiento de estas cargas que deben ser inscritas en el registro de la propiedad por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano. La inscripción de las cargas será cancelada cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano reciba la urbanización terminada.

### Art. 51

Derechos de los propietarios de suelo de una unidad de actuación urbanística. Los propietarios de suelo vinculados a una unidad de actuación urbanística tienen derecho a las siguientes acciones, de acuerdo con el reparto equitativo de las cargas y los beneficios:
1. Participar en los beneficios derivados del aprovechamiento urbanístico otorgado por el planeamiento, en proporción del valor del inmueble aportado.
2. Ser compensado por las cargas urbanísticas que no puedan ser distribuidas de forma equitativa al interior de la unidad de actuación urbanística.

### Art. 52

Instrumentos técnicos de las unidades de actuación urbanística. Las unidades de actuación urbanística, sean de iniciativa pública, privada o mixta, están sometidas a la aprobación del distrito o municipio que exigirá los siguientes instrumentos técnicos:
1. La identificación y aplicación de los instrumentos de gestión determinados en esta Ley.
2. Un proyecto de urbanización o renovación urbanística.
En el suelo incluido en una unidad de actuación urbanística no se puede aprobar ningún proyecto de fraccionamiento o reestructuración de la propiedad si no va acompañado del correspondiente proyecto de urbanización o renovación urbanístico y de reparto de cargas y beneficios.
El plazo máximo para notificar la resolución sobre la aprobación de los instrumentos técnicos a que se refiere este artículo no puede exceder de seis meses. La falta de notificación de la resolución dentro de este plazo generará los efectos del silencio administrativo positivo, sin perjuicio de las sanciones al servidor público responsable.

### Art. 53

Iniciativa de las unidades de actuación urbanística. Las unidades de actuación urbanística pueden ser promovidas y gestionadas por:
1. Los propietarios del suelo incluido en la unidad de actuación.
2. La administración pública o por una persona natural o jurídica, pública o privada, mediante acuerdo con los propietarios del suelo incluidos en el ámbito de actuación.
Cuando sean varios los propietarios del suelo incluido en la unidad de actuación deben haber dado su conformidad a la iniciativa al menos los que sean titulares del cincuenta y uno por ciento (51%) de la superficie del ámbito. Los propietarios que no hayan dado su conformidad pueden adherirse a la iniciativa y participar en la gestión de la unidad de actuación y en la distribución de sus beneficios y sus cargas, caso contrario, los propietarios mayoritarios podrán solicitar al Gobierno Autónomo Descentralizado metropolitano o municipal proceda con la enajenación forzosa en subasta pública de los predios, alícuotas o derechos y acciones cuyos propietarios no se adhieran a la actuación urbanística.

### Art. 54

Instrumentos para intervenir la morfología urbana y la estructura predial. Son aquellos que permiten intervenir la morfología urbana y la estructura predial a través de formas asociativas entre los propietarios con el fin de establecer una nueva configuración física y predial, asegurando el desarrollo y el financiamiento de las actuaciones urbanísticas. Dichos instrumentos son el reajuste de terrenos, la integración inmobiliaria y la cooperación entre partícipes.

### Art. 55

Reajuste de terrenos. El reajuste de terrenos permite agrupar varios predios con el fin de reestructurarlos y subdividirlos en una conformación parcelaria nueva, por iniciativa pública o privada, en virtud de la determinación de un plan parcial y unidades de actuación urbanística, con el objeto de generar un reparto equitativo de las cargas y los beneficios producto de la intervención, y de establecer una nueva estructura urbana derivada del planeamiento urbanístico.
Los propietarios de los predios implicados, debidamente organizados, garantizarán el cumplimiento de las cargas correspondientes al desarrollo de la actuación urbanística.

### Art. 56

Integración inmobiliaria. La integración inmobiliaria permite una nueva configuración física y espacial de un área con la finalidad de reordenar el suelo para el cumplimiento del planeamiento urbanístico, por iniciativa pública o privada. Se podrá llevar a cabo mediante un plan parcial y las unidades de actuación urbanística, que establecerán las directrices para el reparto de las cargas y los beneficios. En el caso que la integración inmobiliaria se haga sin una unidad de actuación urbanística se aplicará lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Para incentivar el uso de este mecanismo el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano podrá utilizar incentivos tributarios y urbanísticos.

### Art. 57

Fraccionamiento, partición o subdivisión. El fraccionamiento, la partición o la subdivisión son procesos mediante los cuales un predio se subdivide en varios, por iniciativa pública o privada. Se podrá llevar a cabo mediante un plan parcial y unidades de actuación urbanística. En el caso que se haga sin una unidad de actuación urbanística se aplicará lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

### Art. 58

Cooperación entre partícipes. Permite realizar el reparto de las cargas y los beneficios de un plan parcial y unidades de actuación urbanística que no requieran de una nueva configuración predial. Los propietarios de los predios implicados, debidamente organizados, garantizarán las cesiones de suelo obligatorias y el pago de las obras de urbanización pertinentes.

### Art. 59

Efectos del proyecto de modificación de la morfología del suelo y de la estructura predial. Una vez aprobado por la administración municipal o metropolitana, el proyecto de modificación de la morfología del suelo y de la estructura predial es título inscribible en el registro de la propiedad y produce los siguientes efectos:
1. La transferencia de dominio a la administración metropolitana o municipal del suelo reservado, por el plan de uso y gestión de suelo o el plan parcial, para áreas verdes y comunales, vías, suelo para vivienda de interés social y demás espacios públicos, infraestructuras y equipamientos públicos.
2. El reparto entre los propietarios de los demás lotes resultantes, sea de forma privativa o en proindiviso al amparo de la ley que regule la propiedad horizontal y el resto de la legislación civil, con excepción del instrumento de cooperación entre partícipes.
3. Estos efectos jurídicos no están sujetos al impuesto de alcabalas, utilidades y plusvalía en la transferencia de predios urbanos establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, salvo que el traspaso de dominio se produzca a personas distintas de los propietarios originales.

### Art. 60

Instrumentos para regular el mercado del suelo. Los instrumentos para regular el mercado del suelo establecen mecanismos para evitar las prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles y facilitar la adquisición de suelo público para el desarrollo de actuaciones urbanísticas. Dichos instrumentos son el derecho de adquisición preferente, la declaración de desarrollo y construcción prioritaria, la declaración de zona de interés social, el anuncio de proyecto, las afectaciones, el derecho de superficie y los bancos de suelo.

### Art. 61

Derecho de adquisición preferente. El derecho de adquisición preferente es la facultad reconocida a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos para adquirir aquellos predios identificados a través del planeamiento urbanístico con el propósito de propiciar la consolidación de sistemas públicos de soporte y la construcción de vivienda de interés social.
Los bienes adquiridos mediante derecho de adquisición preferente no serán desafectados al uso o servicio público dentro de los veinte años posteriores. Sobre estos inmuebles se permite solo la utilización del derecho de superficie para la construcción de vivienda de interés social.

### Art. 62

Ejercicio del derecho de adquisición preferente. Los terrenos sujetos al derecho de adquisición preferente serán identificados y determinados a través de la correspondiente ordenanza. El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano inscribirá dicha afectación en el Registro de la Propiedad.
Antes de suscribir la escritura pública de compra-venta de los predios o lotes afectados por la inscripción a la que se refiere el inciso anterior, sus propietarios deben comunicar el objeto, precio y demás condiciones acordadas para la venta al Gobierno Autónomo Descentralizado metropolitano o municipal, el que tendrá treinta días término para notificar al propietario si ejerce su derecho de adquisición preferente, en cuyo caso el justo precio a pagar será el que resulte de aplicar el procedimiento de expropiación establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. En este caso el gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano tendrá el plazo para pagar el valor del bien hasta dentro de los tres primeros meses del siguiente ejercicio fiscal.

### Art. 63

Efecto de compraventa sin notificación. La perfección de la compra-venta sin haber procedido a la notificación a la que se refiere el artículo anterior o por precio diferente al comunicado producirá la nulidad del contrato. Además le faculta al órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano a disponer la expropiación, facultad que puede ejercer dentro del plazo de seis meses contados a partir de la perfección de la compra-venta. La indemnización de los perjuicios y costas procesales que dicha resolución pueda provocar al comprador correrán por cuenta del vendedor.

### Art. 64

Declaración de desarrollo y construcción prioritaria. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos en el plan de uso y gestión de suelo, sus planes complementarios y la normativa que los desarrolla, determinarán zonas o predios localizados dentro del límite urbano que, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad, serán urbanizados o construidos por sus propietarios conforme con el ordenamiento urbanístico y en un plazo establecido. Este plazo no será inferior a tres años contados a partir de la respectiva notificación.
El incumplimiento de dicho plazo debe ser declarado por el Gobierno Autónomo Descentralizado metropolitano o municipal. En consecuencia se iniciará el proceso de enajenación forzosa en subasta pública, sin perjuicio del impuesto por solar no edificado.
El predio objeto de la enajenación forzosa será urbanizado o construido de acuerdo con los parámetros urbanísticos y plazos establecidos, contados desde el perfeccionamiento de la enajenación, en sujeción a lo previsto en el planeamiento urbanístico.
Los plazos empezarán a correr desde que los propietarios de los predios afectados por el plan de uso y gestión de suelo o sus planes complementarios hayan sido notificados en legal y debida forma. Esta obligación será inscrita por el Gobierno Autónomo Descentralizado metropolitano o municipal en el registro de la propiedad.

### Art. 65

Declaración de zonas especiales de interés social. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, en el plan de uso y gestión de suelo o sus planes complementarios, declararán zonas especiales de interés social que deberán integrarse o estar integradas a las zonas urbanas o de expansión urbana que, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad, deban ser urbanizadas para la construcción de proyectos de vivienda de interés social y para la reubicación de personas que se encuentren en zonas de riesgo.
Esta declaratoria permitirá que el Gobierno Autónomo Descentralizado proceda a su expropiación a favor de los beneficiarios, quienes podrán adquirir los lotes de terreno considerando su real capacidad de pago y su condición socioeconómica.

### Art. 66

Anuncio del proyecto. El anuncio del proyecto es el instrumento que permite fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la zona de influencia de obras públicas, al valor de la fecha del anuncio público de las respectivas obras, a fin de evitar el pago de un sobreprecio en caso de expropiaciones inmediatas o futuras.
El anuncio será obligatorio y se realizará mediante acto administrativo que será publicado en un diario de amplia circulación en la localidad donde se realizará la obra, en la página electrónica institucional, y será notificado al propietario del predio, la dependencia de avalúos y catastros del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano y al registrador de la propiedad, en el que se establecerá el área de influencia del proyecto y su plazo de inicio, que no será superior a tres años desde su notificación.
En el caso de no concretarse el proyecto anunciado, en el plazo establecido en el inciso anterior, el acto administrativo quedará de oficio sin efecto, debiendo notificarlo a la dependencia de avalúos y catastros del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano, a los propietarios de los predios afectados y al registrador de la propiedad.

### Art. 67

Afectaciones. Las afectaciones son una limitación para las autorizaciones de urbanización, parcelación, construcción, aprovechamiento y uso del suelo y serán determinadas en el plan de uso y gestión de suelo o los instrumentos de planeamiento urbanístico que lo desarrollen. Se podrán determinar afectaciones por obras públicas e iniciativas de interés social, y otras que se definan en la ley. Estas afectaciones serán inscritas en el Registro de la Propiedad.
Las afectaciones relacionadas con obra pública que no hayan sido ejecutadas durante el período de gestión se renovarán con la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial.
La ocupación del suelo, con edificaciones definitivas o temporales, posterior a la determinación de las afectaciones, no será reconocida al momento de realizar el avalúo para procesos de expropiación.
Esta afectación será inscrita en el Registro de la Propiedad.

### Art. 68

Enajenación de predios afectados. El que enajene terrenos o edificios afectados por el plan de desarrollo y ordenamiento territorial deberá hacer constar esta circunstancia en el correspondiente título de enajenación, así como los compromisos que hubiere adquirido con la municipalidad o distrito metropolitano.
El precio que se pacte no podrá ser superior al avalúo catastral, y en caso de acuerdo en contrario entre los contratantes, éste no será oponible al Estado y no se tomará en cuenta para futuros actos o transacciones.
La infracción de cualquiera de estas disposiciones, facultará al adquirente para resolver el contrato en el plazo de un año a contar desde la fecha de su otorgamiento y exigir la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubiere irrogado.
Si no hiciere uso de este derecho en este plazo, las obligaciones serán exigibles al comprador.

### Art. 69

Derecho de superficie. - El derecho de superficie es un derecho real autónomo y transmisible,
mediante el cual el titular del dominio de un inmueble, sea el Estado, una entidad pública o cualquier
persona natural o jurídica de derecho privado, puede otorgar a un tercero, denominado superficiario, la
facultad de construir, mantener, explotar, arrendar o transferir edificaciones u obras sobre suelo de su
propiedad, por un plazo determinado.
La constitución del derecho de superficie requerirá la celebración de un contrato elevado a escritura
pública, donde consten al menos el objeto, duración, canon si lo hubiere, condiciones de uso, el cual
deberá estar inscrito en el Registro de la Propiedad correspondiente para garantizar su oponibilidad frente
a terceros.
El derecho de superficie podrá constituirse sobre la totalidad o una fracción física o jurídica del inmueble,
podrá ser oneroso o gratuito, y su duración no podrá exceder de noventa y nueve años. Es enajenable,
transable, gravable, y podrá ser objeto de titularización, aportación a fideicomisos, fondos o integración en
estructuras de inversión.
Al término del plazo de duración, salvo pacto en contrario:
a) El propietario del suelo adquirirá automáticamente la propiedad de las construcciones levantadas, sin
derecho a indemnización a favor del superficiario;
b) El derecho de superficie y toda carga, gravamen o garantía inscrita sobre el mismo se extinguirá ipso
iure;
c) La extinción deberá ser inscrita por el Registrador de la Propiedad correspondiente, de oficio o a
petición de parte.
En caso de fallecimiento del superficiario, el derecho será transmisible a sus herederos por el tiempo
restante, sin requerir autorización del propietario si la constitución no lo limita expresamente.
El incumplimiento del deber de construir, conservar o afectar el inmueble al uso pactado será causa de
resolución del derecho de superficie, sin perjuicio de las cláusulas contractuales de reversión anticipada o
sanciones administrativas.
En los casos definidos por el reglamento de esta Ley y su normativa secundaria, este instrumento podrá
ser utilizado también en suelos declarados como zonas especiales de desarrollo económico, planificación
prioritaria o reactivación urbana.

### Art. 70

Bancos de suelo. Son los bienes inmuebles municipales de dominio privado que serán administrados por el organismo determinado por este para destinarlos a los fines de utilidad pública previstos en la ley y en los respectivos planes de uso y gestión de suelo.
Los distritos metropolitanos y los municipios de más de cincuenta mil habitantes constituirán un banco de suelo. De igual manera lo podrán hacer, de acuerdo con su capacidad instalada, los demás municipios.
Los terrenos que formen parte del banco de suelo son imprescriptibles. Los distritos metropolitanos y municipios pueden transferirlos, arrendarlos o constituir sobre ellos otros derechos reales que permitan a sus adjudicatarios edificarlos y destinarlos al uso que tengan atribuido por el plan.

## TÍTULO IV — GESTIÓN DEL SUELO > Capítulo II — Instrumentos de gestión > Sección Cuarta — Instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano

### Art. 71

Instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano. Los instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano son mecanismos que permiten la participación de la sociedad en los beneficios económicos producidos por la planificación urbanística y el desarrollo urbano en general, particularmente cuando:
1. Se transforma el suelo rural en urbano.
2. Se transforma el suelo rural en suelo rural de expansión urbana.
3. Se modifican los usos del suelo.
4. Se autoriza un mayor aprovechamiento del suelo.

### Art. 72

Concesión onerosa de derechos.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o
metropolitanos para garantizar la participación de la sociedad en los beneficios económicos producidos
por la planificación urbanística y el desarrollo urbano en general, utilizarán la Concesión Onerosa de
Derechos por la transformación de suelo rural a suelo rural de expansión urbana o suelo urbano; la
modificación de usos del suelo; o, la modificación del aprovechamiento del suelo.
Para el ámbito de aplicación de la Concesión Onerosa de Derechos por modificación del
aprovechamiento urbanístico se entenderá únicamente cuando existan cambios en la edificabilidad. Los
cambios en las compatibilidades de actividades económicas se excluyen del ámbito de aplicación para el
cobro de la Concesión Onerosa de Derechos. Con este fin, los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales o metropolitanos determinarán en el planeamiento urbanístico la delimitación territorial y las
condiciones urbanísticas, procedimentales y financieras para su aplicación.
Estos procedimientos especificarán la exigencia a los solicitantes en los permisos de habilitación de suelo
y edificabilidad, el cobro de la Concesión Onerosa de Derechos.
Solo se podrá autorizar las modificaciones para mayor aprovechamiento del suelo en aquellos polígonos
de intervención urbanística que permita el plan de uso y gestión de suelo o sus planes urbanísticos
complementarios. Cualquier autorización no contemplada en estos instrumentos será inválida.
Con la finalidad de incentivar la renovación urbana o el desarrollo prioritario mediante la construcción de
vivienda de interés social, vivienda de interés público o proyectos de vivienda con carácter estratégico, los
gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos estarán facultados para regular,
mediante ordenanza y sobre la base de informes técnicos, económicos y financieros, la aplicación de
incentivos, reducciones o exoneraciones relacionadas con la concesión onerosa de los derechos
previstos en este artículo, conforme a sus instrumentos de planificación y a las condiciones de
sostenibilidad fiscal de la entidad.

### Art. 73

Pago. Los pagos por concepto de concesión onerosa de derechos al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano se realizarán en dinero o en especie como: suelo urbanizado, vivienda de interés social, equipamientos comunitarios o infraestructura. Los pagos en especie no suplen el cumplimiento de las cesiones ni de las obligaciones urbanísticas, ni pueden confundirse con estas.
Los recursos generados a través de la concesión onerosa de derechos solo se utilizarán para la ejecución de infraestructura, construcción de vivienda adecuada y digna de interés social, equipamiento, sistemas públicos de soporte necesarios, en particular, servicio de agua segura, saneamiento adecuado y gestión integral de desechos, u otras actuaciones para la habilitación del suelo y la garantía del derecho a la ciudad.

### Art. 74

Asentamiento de hecho. Se entiende por asentamiento de hecho aquel asentamiento humano caracterizado por una forma de ocupación del territorio que no ha considerado el planeamiento urbanístico municipal o metropolitano establecido, o que se encuentra en zona de riesgo, y que presenta inseguridad jurídica respecto de la tenencia del suelo, precariedad en la vivienda y déficit de infraestructuras y servicios básicos.

### Art. 75

Obligatoriedad del levantamiento de información. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos realizarán un levantamiento periódico de información física, social, económica y legal de todos los asentamientos de hecho localizados en su territorio. Dicha información será remitida de forma obligatoria al ente rector nacional en materia de hábitat y vivienda, de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto.

### Art. 76

Declaratoria de regularización prioritaria. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, en el plan de uso y gestión de suelo, determinarán zonas que deban ser objeto de un proceso de regularización física y legal de forma prioritaria, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad. Para ello, se contará previamente con un diagnóstico integral que establezca la identificación de los beneficiarios, la capacidad de integración urbana del asentamiento humano, la ausencia de riesgos para la población y el respeto al patrimonio natural y cultural, de conformidad con la legislación vigente. Esta declaratoria se realizará en el componente urbanístico del plan de uso y gestión de suelo.
El Gobierno Central realizará la declaratoria de regularización prioritaria, en el caso que los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos no lo realicen en el plazo de dos años contados desde la vigencia del plan de uso y gestión del suelo.
La declaratoria de regularización prioritaria implica el inicio del proceso de reconocimiento de derechos o de la tenencia del suelo a favor de los beneficiarios identificados dentro de la zona, a través del derecho de superficie o de los mecanismos jurídicos contemplados en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la regularización de asentamientos humanos de hecho. Para tales efectos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos gestionarán de forma expedita los trámites y procesos correspondientes.
Para resolver la situación de los asentamientos de hecho que no cumplan con los parámetros de integración urbana, que presenten riesgos para la población, o que se localicen sobre áreas declaradas de protección natural o cultural, el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano aplicará el instrumento de declaración de zonas de interés social en terrenos adecuados.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos como parte del proceso de regularización realizarán la construcción de los sistemas públicos de soporte necesarios en las zonas objeto del proceso de regularización, en particular respecto del servicio de agua segura, saneamiento adecuado y gestión integral de desechos, los que podrán ser financiados vía contribución especial de mejoras.
En el caso que el proceso de regularización no se concluya en el plazo de cuatro años contados desde la declaratoria de regularización prioritaria, se aplicará el procedimiento de intervención regulado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con la finalidad de que el Gobierno Central proceda a su regularización y de ser el caso a la construcción de los sistemas públicos de soporte.
De autorizarse la intervención el Consejo Nacional de Competencias aprobará el mecanismo de recuperación de recursos con cargo al presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado intervenido, precautelando su sostenibilidad financiera.

## TÍTULO IV — GESTIÓN DEL SUELO > Capítulo III — Habilitación del Suelo para la Edificación

### Art. 77

Habilitación del suelo. La habilitación del suelo es el proceso dirigido a la transformación o adecuación del suelo para su urbanización y edificación, conforme con lo establecido en los planes de uso y gestión de suelo, y las ordenanzas correspondientes. La habilitación del suelo implica el cumplimiento obligatorio de las cargas impuestas por el planeamiento urbanístico y los instrumentos de gestión del suelo, y es requisito previo indispensable para el otorgamiento de un permiso o autorización de edificación o construcción.
Los municipios de más de cincuenta mil habitantes utilizarán obligatoriamente los instrumentos de gestión de suelo para la distribución equitativa de las cargas y los beneficios y para intervenir la morfología del suelo y la estructura predial, además de los otros instrumentos que de conformidad con esta Ley sean obligatorios. Los demás municipios podrán prescindir de los dos instrumentos de gestión antes indicados para urbanizar o edificar el suelo, pero establecerán mecanismos para que los propietarios cumplan el planeamiento urbanístico, la equitativa distribución de las cargas y beneficios, y las demás determinaciones del plan de uso y gestión de suelo.

### Art. 78

Condiciones de la habilitación del suelo para la edificación. El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano determinará y normará las condiciones de la habilitación del suelo para la edificación.
Los procesos de habilitación del suelo para la edificación serán desarrollados por los propietarios, por entidades públicas, o mediante formas de asociación entre los sectores público, privado y/o los actores de la economía popular y solidaria, y se harán efectivos una vez que se haya emitido la correspondiente autorización por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano. La edificación solo será autorizada en aquellos suelos que hayan cumplido con los procedimientos y condiciones para su habilitación, establecidos en los planes de uso y gestión de suelo y en sus instrumentos complementarios.

### Art. 79

Permiso de edificación. Los propietarios del suelo rural pueden edificar en sus predios cuando tengan la superficie mínima exigida y bajo las limitaciones establecidas en el plan de uso y gestión de suelo o sus instrumentos urbanísticos complementarios. Solo se autorizarán edificaciones que no atenten contra el destino del bien de conformidad con su clasificación de suelo.
En el suelo urbano, los propietarios edificarán sus lotes siempre que estos tengan la superficie mínima exigida, tengan atribuida edificabilidad por el plan de uso y gestión de suelo o sus instrumentos urbanísticos complementarios y se haya completado la urbanización o esta se complete simultáneamente con la edificación.
La facultad de edificar se ejercerá previa obtención de la autorización del gobierno municipal o metropolitano. La autorización de obras de edificación fijará un plazo máximo para terminarla, que será proporcional a la superficie, altura y complejidad de las obras y nunca inferior a tres años. Se extinguirá respecto de su titular cuando fenezca el plazo establecido en dicho permiso.
El plazo máximo para notificar la resolución no puede exceder de tres meses.
Durante la ejecución de las obras, la administración metropolitana o municipal debe inspeccionarlas para verificar el cumplimiento de las normas nacionales de construcción, la normativa urbanística y de la autorización otorgada.

### Art. 80

Del control de la habitabilidad. Mientras dure la construcción, los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos deberán ejercer el control respecto de la habitabilidad de la edificación.
El incumplimiento de esta obligación no exime al gobierno correspondiente de verificar que la obra terminada cumple con las normas aplicables, ni de disponer las medidas a que haya lugar de verificarse incumplimientos.
Una vez concluida la edificación se entenderá habitable y no se requerirá permiso alguno para acreditar la habitabilidad al momento de celebrar las escrituras públicas de la edificación terminada o para inscribirla en el registro de la propiedad.

### Art. 81

Conservación, rehabilitación y mejora de las edificaciones. Los propietarios deben realizar obras de conservación, rehabilitación o mejora de las edificaciones para lo cual requieren autorización administrativa previa del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano.

### Art. 82

Incumplimiento del deber de conservar y situación de ruina. La ruina de un edificio, construcción o instalación es el estado de mala conservación de su estructura o de alguno de sus elementos físicos, de manera tal que lo haga inservible para el uso o amenace derrocamiento, desprendimientos u otros daños graves para la salud y la seguridad de las personas.
La administración metropolitana o municipal que determine técnicamente que un edificio, construcción o instalación se encuentra en estado de ruina, deberá:
1. Proceder directamente al apuntalamiento u otras medidas provisionales de aseguramiento con cargo al propietario.
2. Previa audiencia con el propietario, resolver sobre la rehabilitación del inmueble o su derrocamiento, los plazos para emprender dichas obras y la prohibición de usarlos, de ser el caso. Las obras de rehabilitación y derrocamiento estarán a cargo del propietario y en caso de incumplir con los plazos establecidos, el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano procederá a la enajenación forzosa del inmueble en subasta pública. El adjudicatario de la subasta deberá cumplir con los plazos y condiciones para la rehabilitación o derrocamiento del bien inmueble.
En el caso de inmuebles protegidos de competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos el derrocamiento será extraordinario y de no ser competencia de este nivel de gobierno requerirá informe favorable previo del ente nacional de conservación patrimonial.
El incumplimiento del deber de conservación de bienes inmuebles protegidos será declarado por la administración metropolitana o municipal sin esperar a su estado de ruina, previa audiencia al propietario. Esta declaración conllevará una orden de ejecución de las obras de conservación o rehabilitación necesarias a cargo del propietario del inmueble.

### Art. 83

Usos preexistentes y provisionales. Los edificios, construcciones e instalaciones existentes con anterioridad a la aprobación del plan de uso y gestión de suelo que sean incompatibles con las determinaciones de este, se califican comprendidos en dicho plan y no se podrán realizar en estos predios obras parciales de mantenimiento, reparación o mejoramiento. Dicha incompatibilidad será inscrita por el Gobierno Autónomo Descentralizado metropolitano o municipal en el Registro de la Propiedad respectivo para que sean exigibles a los propietarios o terceros que adquieran esos predios.
Sin embargo, podrán realizar obras parciales de mantenimiento, reparación, mejoramiento que no superen los porcentajes establecidos en la normativa vigente. En este caso el órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano podrá autorizar, previo informe de los responsables de planeamiento del ordenamiento territorial del municipio o distrito metropolitano estas obras que habrán de demolerse una vez cumplido el plazo y cuando lo resuelva el concejo, sin derecho a indemnización. Esta autorización aceptada por los propietarios, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro de la Propiedad. Dichas obras no se incluirán en el avalúo del justo precio en el caso de ser expropiadas.
La incompatibilidad a la que se refiere este artículo no será indemnizable, siempre que permita usar y disfrutar de edificios, construcciones e instalaciones existentes durante el resto de su vida útil.
Se podrá realizar obras de ornato e higiene en esas construcciones sin necesidad de autorización del concejo, pero requerirán de autorización administrativa.

### Art. 84

Delegación de informes. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos podrán delegar a profesionales en arquitectura, ingeniería civil o especialistas en la materia, debidamente calificados y habilitados, la elaboración de informes técnicos vinculantes previos a la aprobación municipal o metropolitana de permisos de edificabilidad, habitabilidad y autorizaciones administrativas de conservación, rehabilitación y mejora de las edificaciones, y otras establecidas en la normativa vigente. No podrán elaborar dichos informes aquellos profesionales calificados que hayan participado en la elaboración de los planos, la edificación de la obra, sean los solicitantes o los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Los profesionales antes indicados y los funcionarios municipales o metropolitanos responsables de la aprobación de estos informes serán solidariamente responsables por las fallas constructivas que no fueran alertados en sus informes técnicos. Los valores que cobren dichos profesionales serán fijados por el concejo mediante ordenanzas.
En ningún momento el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano podrá delegar al sector privado la aprobación definitiva de los instrumentos, permisos o autorizaciones contempladas en esta norma.

## TÍTULO IV — GESTIÓN DEL SUELO > Capítulo IV — Vivienda de interés social

### Art. 85 *(derogado)*

Nota: Inciso segundo sustituido por artículo 57 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial suplemento 309 de 21 de Agosto del 2018.

### Art. 86 *(derogado)*

Nota: Artículo derogado por Disposición Derogatoria Primera de la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 29 de 25 de Marzo del 2022.

### Art. 87 *(derogado)*

Nota: Artículo derogado por Disposición Derogatoria Primera de la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 29 de 25 de Marzo del 2022.

### Art. 88 *(derogado)*

Nota: Artículo derogado por Disposición Derogatoria Primera de la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 29 de 25 de Marzo del 2022.

### Art. 89 *(derogado)*

Nota: Artículo derogado por Disposición Derogatoria Primera de la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 29 de 25 de Marzo del 2022.

## TÍTULO V — RÉGIMEN INSTITUCIONAL > Capítulo I — Rectoría y Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos

### Art. 90

Rectoría. La facultad para la definición y emisión de las políticas nacionales de hábitat, vivienda, asentamientos humanos y el desarrollo urbano, le corresponde al Gobierno Central, que la ejercerá a través del ente rector de hábitat y vivienda, en calidad de autoridad nacional.
Las políticas de hábitat comprenden lo relativo a los lineamientos nacionales para el desarrollo urbano que incluye el uso y la gestión del suelo.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, en sus respectivas jurisdicciones, definirán y emitirán las políticas locales en lo relativo al ordenamiento territorial, y al uso y gestión del suelo, de conformidad con los lineamientos nacionales.

### Art. 91

Atribuciones y Obligaciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos para el uso y la gestión del suelo. A los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, sin perjuicio de las competencias y facultades establecidas en la Constitución y la ley, les corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones:
1. Expedir actos administrativos y normativos para el uso y la gestión del suelo, de conformidad con los principios y mecanismos previstos en el planeamiento urbanístico de su circunscripción territorial y la normativa vigente.
2. Aplicar los instrumentos de planeamiento urbanístico y las herramientas de gestión del suelo de forma concordante y articulada con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
3. Clasificar el suelo en urbano y rural, y establecer las correspondientes subclasificaciones, asignar los tratamientos urbanísticos, usos y las obligaciones correspondientes, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
4. Emitir mediante acto normativo las regulaciones técnicas locales para el ordenamiento territorial, el uso, la gestión y el control del suelo, y la dotación y prestación de servicios básicos, las que guardarán concordancia con la normativa vigente e incluirán los estándares mínimos de prevención y mitigación de riesgo elaborados por el ente rector nacional. Estas regulaciones podrán ser más exigentes pero, en ningún caso, disminuirán el nivel mínimo de exigibilidad de la normativa nacional.
5. Coordinar la gestión y uso del suelo entre cantones contiguos, y articular las dimensiones urbana y rural de su circunscripción territorial.
6. Emitir los permisos y autorizaciones para la habilitación e intervención del suelo y la construcción, de acuerdo con lo dispuesto por esta Ley, la normativa vigente y la planificación urbanística aplicable.
7. Garantizar la participación en los beneficios producidos por la planificación urbanística y el desarrollo urbano en general, conforme con lo definido en la ley.
8. Poner a disposición del público en general, a través de su página electrónica y otros mecanismos de difusión que consideren pertinentes, la información actualizada sobre el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y la normativa urbanística vigente en el cantón o distrito metropolitano.
9. Contar con sistemas que permitan el control y seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente, en el ámbito de sus competencias.
10. Imponer sanciones administrativas en caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y sus ordenanzas por parte de personas naturales y jurídicas públicas y privadas.

## TÍTULO V — RÉGIMEN INSTITUCIONAL > Capítulo II — Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo

### Art. 92 *(derogado)*

Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. El Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo tendrá la facultad para emitir las regulaciones nacionales sobre el uso y la gestión del suelo.
Para el efecto tendrá las siguientes atribuciones:
1. Emisión de regulaciones nacionales de carácter obligatorio que serán aplicados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos en el ejercicio de sus competencias de uso y gestión de suelo, sobre los siguientes temas:
a) Parámetros para la clasificación de suelo y usos, edificabilidades y ocupación del suelo, que establezcan condiciones mínimas para asegurar los derechos a una vivienda adecuada y digna, hábitat seguro y saludable, a la ciudad, dotación de servicios básicos de calidad y la soberanía alimentaria.
b) Contenidos mínimos y procedimiento básico de aprobación del plan de uso y gestión de suelo y sus planes complementarios de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y garantizando los derechos de participación ciudadana.
c) Parámetros para la elaboración de estándares y normativa urbanísticos que establezcan condiciones mínimas para asegurar los derechos a la vida; a la integridad física; a una vivienda adecuada y digna; a la accesibilidad de personas con discapacidad y a los adultos mayores; a un hábitat seguro y saludable; y, a la protección del patrimonio cultural y el paisaje. Entre estos parámetros se considerará obligatoriamente la prevención y mitigación de riesgo y la normativa nacional de construcción.
d) Parámetros para la aplicación de los instrumentos de gestión urbanística que garanticen los derechos a la igualdad, la propiedad en todas sus formas y la seguridad jurídica de la ciudadanía.
e) Parámetros para la participación de la población en los beneficios producidos por la planificación urbanística y el desarrollo urbano en general que garanticen los derechos a la igualdad, la propiedad en todas sus formas y la seguridad jurídica de la ciudadanía.
f) Parámetros para el procedimiento de aprobación de permisos, autorizaciones e informes previos, contemplados en esta Ley que garanticen los derechos a una vivienda adecuada y digna, a un hábitat seguro y saludable, y a la seguridad jurídica.
2. Emitir la normativa necesaria para su funcionamiento.
3. Asesorar, a través de su Secretaría Técnica, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos sobre la aplicación de esta Ley y la normativa técnica que expida.
4. Las demás que establezca el ordenamiento jurídico vigente.

### Art. 93

Conformación del Consejo Técnico. El Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo estará conformado por los siguientes miembros con voz y voto:
1. La máxima autoridad del órgano rector de hábitat y vivienda, o su delegado, quien la presidirá.
2. La máxima autoridad del órgano rector de la planificación nacional o su delegado permanente.
3. Un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos o su delegado.
4. La máxima autoridad del ente rector de la gestión integral del riesgo de desastres o su delegado permanente.
La Secretaría Técnica del Consejo Técnico será ejercida por el ministerio rector de hábitat y vivienda.
Para el desarrollo de sus sesiones, el Consejo Técnico podrá autorizar la participación de entidades públicas y privadas con voz informativa pero sin voto.

### Art. 94 *(derogado)*

Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica, a más de las atribuciones que le otorgue el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, prestará apoyo y soporte administrativo al Consejo y elaborará las propuestas que vayan a someterse a su consideración, salvo que dichas propuestas sean encomendadas por el Consejo a otro organismo.

## TÍTULO V — RÉGIMEN INSTITUCIONAL > Capítulo III — Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo

### Art. 95

Superintendencia. Créase la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo para la vigilancia y control de los procesos de ordenamiento territorial de todos los niveles de gobierno, y del uso y gestión del suelo, hábitat, asentamientos humanos y desarrollo urbano, que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos dentro del marco de sus competencias.
La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo será una entidad técnica de vigilancia y control, con capacidad sancionatoria, personería jurídica de derecho público y patrimonio propio, que funcionará de forma desconcentrada e independiente. Tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. Formará parte de la Función de Transparencia y Control Social, y será dirigida, organizada y representada por la o el Superintendente.
La Superintendencia se organizará y funcionará conforme con el reglamento interno que se dicte para el efecto.

### Art. 96

Atribuciones de la Superintendencia.- Son atribuciones de la Superintendencia de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo:
1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas a los procesos e
instrumentos de ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno y la aplicación de los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial en su componente de ordenamiento territorial;
2. Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas al planeamiento
urbanístico, el uso y la gestión del suelo urbano y rural;
3. Controlar la aplicación de la planificación nacional, sectorial y local, en concordancia con los
instrumentos de uso y gestión del suelo, definidos en esta Ley;
4. Vigilar que los instrumentos de uso y gestión del suelo se articulen con la planificación nacional y
sectorial;
5. Controlar que los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos impongan las
sanciones administrativas previstas en esta Ley;
6. Imponer las sanciones que corresponda por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente Ley, demás normativa vigente que regule el ordenamiento territorial, el uso y la gestión del
suelo, el hábitat y la vivienda;
7. Definir las medidas, los mecanismos y los plazos para remediar el incumplimiento de las disposiciones
contenidas en la ley, de conformidad con lo establecido en el Reglamento;
8. Evaluar el cumplimiento y la aplicación de las regulaciones nacionales y locales, con el objeto de exigir
su acatamiento;
9. Requerir a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y demás instituciones relacionadas con el
ordenamiento territorial y el uso y gestión del suelo, y a la ciudadanía en general, información que fuere
necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones;
10. Administrar el Registro de los instrumentos para el ordenamiento territorial formulados por los
Gobiernos Autónomos Descentralizados y Gobierno Central;
11. Administrar el Registro y Actualización del Sistema del Catastro Nacional Integrado Georreferenciado;
12. Administrar el Sistema Nacional de Información Geográfica para la Planificación Territorial;
13. Administrar el Repositorio Nacional de Información Registral de la Propiedad;
14. Administrar el Sistema Nacional de Registro de Autorizaciones de Habilitación del Uso del Suelo y
Licencias Urbanísticas;
15. Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas a la
actualización y mantenimiento de la información catastral;
16. Las demás que establezca la ley.
La Superintendencia, además de las atribuciones previstas en esta ley, ejercerá respecto de los
Proyectos Nacionales Estratégicos de Construcción de Vivienda las siguientes:
1. Informar anualmente al Presidente de la República y a la Comisión competente de la Asamblea sobre
el cumplimiento de los mandatos de la presente Ley, por parte del GAD, incluyendo un anexo comparativo
de tiempos de trámites;
2. Imponer sanciones administrativas por incumplimiento de competencias en trámites, particularmente
los previstos en la presente Ley, la legislación de optimización y eficiencia de trámites administrativos y la
legislación de transformación digital.

### Art. 97

Superintendente.- La o el Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
es la máxima autoridad administrativa, resolutiva y sancionadora de la Superintendencia, y ejerce su
representación legal, judicial y extrajudicial.
Será designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una terna remitida por el
Presidente de la República, de conformidad con la Constitución y la ley. Ejercerá sus funciones por un
período de cinco años y podrá ser designado por una sola vez adicional.
Para su designación se requerirá:
1. Ser ecuatoriano y estar en ejercicio de los derechos políticos;
2. Contar con título de tercer nivel y experiencia profesional de cinco años en materias vinculadas a
ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo y/o planificación;
3. Mientras ejerza sus funciones no podrá mantener conflictos de interés con actividades privadas
relacionadas con la construcción, promoción o gestión de proyectos inmobiliarios, ni con la ejecución de
obras públicas o la prestación de servicios públicos, en los términos que determine la ley;
4. Acreditar probidad notoria y no haber sido sancionado por infracciones disciplinarias graves ni
condenado por delitos dolosos.
En caso de ausencia definitiva, impedimento permanente o renuncia, el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social designará a su reemplazo conforme al procedimiento previsto en la
Constitución y la ley. En caso de ausencia temporal, será subrogado por la autoridad que determine el
reglamento interno de la Superintendencia.

### Art. 98 *(derogado)*

Atribuciones de la o del Superintendente. Son atribuciones de la o el Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo:
1. Nombrar al personal necesario para el desempeño de las funciones de la Superintendencia.
2. Expedir los reglamentos internos necesarios para el funcionamiento de la institución.
3. Delegar una o más de sus atribuciones específicas a cualquier funcionario de la Superintendencia.
4. Rendir cuentas ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
5. Determinar y reformar la estructura orgánica y funcional de la Superintendencia.
6. Fiscalizar, supervisar, controlar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa vigente sobre el ordenamiento territorial y el uso y gestión del suelo.
7. Aplicar las sanciones establecidas en el marco de la ley.
8. Ejercer la jurisdicción coactiva para el cobro de las multas establecidas al amparo de esta Ley.
9. Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes que le señalen las leyes y la normativa que se expida.

### Art. 99 *(derogado)*

Obligación de remitir información. Los entes rectores en ordenamiento territorial, y hábitat y vivienda, y el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo remitirán a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo: las políticas, directrices, regulaciones y demás instrumentos sobre las materias de su competencia, con la finalidad de que la Superintendencia pueda ejercer efectivamente su función como órgano de vigilancia y control de ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo.

## TÍTULO V — RÉGIMEN INSTITUCIONAL > Capítulo IV — Catastro Nacional Integrado Georreferenciado

### Art. 100

Catastro Nacional Integrado Georreferenciado.- Es una base de datos nacional
georreferenciada que consolida información territorial generada por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados municipales y metropolitanos, así como por otras instituciones responsables del catastro
y del ordenamiento territorial. Esta plataforma multifinalitaria recopila, organiza y actualiza de manera
programática y periódica los datos georreferenciados sobre los bienes inmuebles urbanos y rurales
existentes dentro de cada circunscripción territorial.
El Catastro Nacional Integrado Georreferenciado deberá actualizarse de manera continua y permanente,
y será administrado por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo de
conformidad con las regulaciones, estándares, protocolos, plazos y procedimientos para el levantamiento
de la información catastral y la valoración de los bienes inmuebles tomando en cuenta la clasificación,
usos del suelo, entre otros establecidas por el ente rector de hábitat y vivienda. Asimismo, podrá requerir
información adicional a otras entidades públicas y privadas.
La información generada para el catastro deberá ser utilizada como insumo principal para los procesos de
planificación y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y
metropolitanos, y se consolidará en el Sistema Catastro Nacional Integrado Georreferenciado.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados metropolitanos y municipales en coordinación con el ente
rector de hábitat y vivienda garantizarán a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo acceso al Catastro Nacional Integrado Georreferenciado a sus servicios de datos, para la
elaboración de reportes e indicadores de apoyo a la toma de decisiones y al control, conforme estándares
y protocolos vigentes.

### Art. 101

Obligación de remisión de información de catastros y de ordenamiento territorial. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las instituciones que generen información relacionada con catastros y ordenamiento territorial compartirán los datos a través del sistema del Catastro Nacional Integrado Georreferenciado, bajo los insumos, metodología y lineamientos que establezca la entidad encargada de su administración.

## TÍTULO VI — RÉGIMEN SANCIONATORIO > Capítulo I — Normas generales al régimen sancionador

### Art. 102

Potestad sancionadora. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
Suelo tendrá potestad para sancionar las infracciones administrativas previstas en esta Ley, cometidas
por las entidades del Gobierno Central y por los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Cuando el ente rector de planificación nacional, identifique el posible cometimiento de una infracción,
remitirá el informe técnico correspondiente a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo. En el plazo improrrogable de un mes tras la recepción del informe, la Superintendencia
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, de manera obligatoria, iniciará las acciones de
vigilancia y/o control pertinentes para determinar la existencia o no de infracciones.

### Art. 103

Prescripción.- Las acciones para sancionar las infracciones previstas en esta Ley prescribirán
en el plazo de cinco años contados desde el día en que la infracción se haya cometido.
Se podrán establecer multas compulsorias de forma proporcional y progresiva que se impondrán hasta el
efectivo cumplimiento de las medidas de reparación emitidas por la Superintendencia de Ordenamiento
Territorial a través de las resoluciones administrativas.
En caso de infracciones continuadas, el plazo de prescripción se contará desde el día siguiente al cese
de los hechos constitutivos de la infracción. En el caso de infracciones ocultas, el plazo de prescripción se
contará desde el día siguiente a aquel en que la administración pública tenga conocimiento de los hechos.

### Art. 104

Coactiva.- Para el cobro de las multas impuestas de conformidad con esta Ley, la
Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo ejercerá la acción coactiva. El
procedimiento de ejecución coactiva observará las normas del Código Orgánico Administrativo y
supletoriamente las normas procesales pertinentes.
Las acciones para ejercer la potestad coactiva prescribirán en el plazo de cinco años.

## TÍTULO VI — RÉGIMEN SANCIONATORIO > Capítulo II — Infracciones y sanciones sujetas al control de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo

### Art. 105

Responsabilidad. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo establecerá la responsabilidad administrativa del Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados que incurran en el cometimiento de las infracciones leves y graves establecidas en esta Ley, con respeto al debido proceso y la garantía del derecho a la defensa.

### Art. 106

Infracciones leves.- Son infracciones leves:
1. Emitir actos administrativos en materia de ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo
contrarios a las disposiciones previstas en la ley, normativa aplicable, a los diferentes planes de desarrollo
y ordenamiento territorial, planes de uso y gestión del suelo, planes urbanísticos complementarios; o,
instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando dichos actos no constituyan una infracción más grave;
2. No registrar los instrumentos de ordenamiento territorial o sus actualizaciones en el término de sesenta
días a partir de su publicación en el Registro Oficial, por parte de todos los niveles de gobierno;
3. No proporcionar la información requerida por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso y
Gestión del Suelo;
4. No realizar el levantamiento periódico de información física, social, económica y legal de todos los
asentamientos humanos de hecho localizados en el territorio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
75 de esta Ley;
5. Obstaculizar o impedir la función de inspección de la Superintendencia, por parte de las entidades
sujetas a control;
6. Aprobar instrumentos de ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico, uso y gestión del suelo
formulados o actualizados por consultores no acreditados por la Superintendencia de Ordenamiento
Territorial y Uso y Gestión del Suelo;
7. No elaborar o actualizar los instrumentos y actos administrativos para el licenciamiento e incumplir con
su normativa para los permisos y autorizaciones de habilitaciones de suelo, construcciones y actividades
económicas.

### Art. 107

Infracciones graves.- Son infracciones graves:
1. Incumplir el deber de control y sanción de las infracciones al ordenamiento territorial y de uso y gestión
del suelo, cuando dichos actos no constituyan una infracción más grave;
2. Aprobar o aplicar planes urbanísticos o proyectos de urbanización que incumplan los estándares
urbanísticos contemplados en la normativa vigente; o inobserven las disposiciones relativas a las
cesiones obligatorias;
3. Incumplir con la obligación de garantizar la participación de la población en los beneficios producidos
por la planificación urbanística y el desarrollo urbano en general;
4. Incumplir con la obligación de aplicar los instrumentos, o actos normativos, que, en materia de
ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, y planeamiento urbanístico, sean obligatorios;
5. Aprobar unidades de actuación urbanística, los permisos y autorizaciones establecidos en esta Ley a
solicitudes que no se encuentren suscritas por una o un profesional con título de tercer nivel en
arquitectura, ingeniería civil o especialistas en la materia;
6. Incumplir con la obligación de crear las instancias de participación ciudadana o el Consejo de
Planificación de cada gobierno autónomo descentralizado en los procesos de formulación o actualización
de los instrumentos;
7. Emitir actos normativos de carácter administrativo que regulen el ordenamiento territorial, uso y gestión
del suelo, o control del uso y ocupación del suelo, contrarios a las disposiciones previstas en la ley o
normativa aplicable, cuando dichos actos no constituyan una infracción más grave;
8. Incumplir con el proceso de regularización de asentamientos humanos de hecho declarados como
prioritarios en el componente urbanístico del PUGS, o con el de dotación de sistemas públicos de soporte
necesarios en las zonas objeto del proceso de regularización;
9. Incumplir con la identificación de los asentamientos humanos de hecho en territorio del Gobierno
Autónomo Descentralizado, así como la obligatoriedad de remitir la información al ente rector de hábitat y
vivienda y la declaratoria de regularización prioritaria de conformidad con lo dispuesto en la ley para el
efecto;
10. Aprobar o aplicar instrumentos de ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo, que contraríen
lo establecido en esta Ley y demás normativa aplicable, cuando dichos actos no constituyan una
infracción más grave;
11. No registrar la información del Catastro Nacional Integrado Georreferenciado ante la Superintendencia
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo dentro del término determinado para el efecto;
12. No registrar la información del Sistema Nacional de Registro de Autorizaciones de Habilitación del
Suelo y Licencias Urbanísticas ante la SOT dentro del término determinado para el efecto;
13. No registrar la información del Sistema Integrado de Información Geográfica para la Planificación
Territorial ante la SOT dentro del término determinado para el efecto;
14. Incumplir con los términos y plazos determinados para la emisión de los permisos o autorizaciones de
construcción de vivienda conforme lo señalado en legislación nacional, normas y estándares previstos
para el efecto.

### Art. 108

Infracciones muy graves.- Son infracciones muy graves:
1. Emitir actos administrativos o normativos de ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico, uso y
gestión del suelo que contravengan:
a) La legislación sectorial de riesgos aplicable y la normativa nacional de construcción, que impliquen
poner en peligro la vida e integridad física de las personas. En estos casos se aplicará la máxima pena
prevista en el siguiente artículo;
b) La legislación nacional o local sobre protección del patrimonio cultural o natural que implique daños o
deterioro de los bienes protegidos.
2. Emitir y/o ejecutar planes de desarrollo y ordenamiento territorial, planes de uso y gestión del suelo,
planes urbanísticos complementarios; o, instrumentos de planeamiento urbanístico, contrarios o que no
guarden concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional;
3. La transformación de suelo rural a suelo urbano o rural de expansión urbana; o cambio de uso de suelo
sin contar con la autorización del ente rector en la materia;
4. Incumplir el deber de control del cumplimiento de la normativa en materia de construcción;
5. Incumplir el deber de control del ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo, que implique
poner en peligro la vida e integridad física de las personas;
6. Construir obras de infraestructura, edificación u otras realizadas por entidades públicas que no cumplan
con la normativa nacional de construcción y los lineamientos para mitigar los riesgos y cuyo control no
sea competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos. En el caso
que esas obras pongan en peligro la vida e integridad física de las personas se aplicará la máxima pena
prevista en el siguiente artículo;
7. Construir obras de infraestructura, edificación u otras realizadas por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados municipales o metropolitanos que no cumplan con la normativa nacional de
construcción y los lineamientos para mitigar los riesgos. En el caso que esas obras pongan en peligro la
vida e integridad física de las personas se aplicará la máxima pena prevista en el siguiente artículo;
8. Realizar o aprobar el aprovechamiento o incremento del aprovechamiento del suelo en zonas de riesgo
no mitigable. Las autoridades que incurran en esta infracción serán sancionadas con destitución, sin
perjuicio de la sanción pecuniaria establecida en caso de infracciones muy graves prevista en el artículo
siguiente;
9. El incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por suspensión temporal o permanente
de obras de infraestructura, edificación u otras realizadas por entidades públicas o Gobiernos Autónomos
Descentralizados, o las medidas de reparación dispuestas en el ejercicio de la potestad de control y
sanción de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo;
10. Incumplir con el control de asentamientos humanos de hecho;
11. Incumplir con la obligación de actualizar el catastro georreferenciado, de conformidad con lo señalado
con la Ley y las normas, estándares, protocolos, plazos y procedimientos emitidos para el efecto.

### Art. 109

Sanciones.- Adicionalmente a las sanciones previstas en el Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización, las infracciones descritas en esta Ley serán sancionadas con
multa de:
1. Infracciones leves: entre un salario básico unificado de los trabajadores en general y veinte salarios
básicos unificados de los trabajadores en general;
2. Infracciones graves: entre veinte y cincuenta salarios básicos unificados de los trabajadores en general;
3. Infracciones muy graves: entre cincuenta y cien salarios básicos unificados de los trabajadores en
general. Se exceptúan las previstas en el artículo 108, numerales 2,4, 5,9, 10 y 11, que serán
sancionadas con una multa equivalente al 3% de la asignación presupuestaria anual del gobierno
autónomo descentralizado.
A más de las sanciones pecuniarias, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
Suelo dispondrá la obligación de reparación de los bienes afectados.
Se establece el derecho de repetición a favor de la entidad sancionada en contra de los senadores
públicos que por su acción u omisión hayan permitido el cometimiento de la infracción, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas, civiles y penales del caso.
La reincidencia en el cometimiento de la misma infracción prevista en esta Ley se sancionará con el
máximo de la pena prevista. Se entenderá que existe reincidencia cuando se cometa más de una vez la
misma infracción dentro del plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en la que la resolución
administrativa causó estado en vía administrativa.
A más de las sanciones pecuniarias, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
Suelo en la resolución administrativa dispondrá la obligación de reparación de los bienes jurídicos, sin que
esto implique afectar la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Estas medidas reparatorias incluirán la disposición de ordenar la restitución de las condiciones originales
del suelo, reparación de daños territoriales, ejecución de acciones que garanticen el cumplimiento de las
obligaciones urbanísticas, obligación de revocatorias o retiro de permisos o autorizaciones equivalentes
con el procedimiento jurídico correspondiente, reparación de instrumentos de ordenamiento territorial y
gestión del suelo, la obligación de derrocamiento de edificaciones o construcciones que se enmarquen en
los números 6 y 7 del artículo 108, y otras medidas que viabilicen la reparación de los bienes afectados.

### Art. 110

Procedimiento y recursos.- Las sanciones que sean de competencia de la Superintendencia,
serán resueltas por el órgano competente de la Superintendencia, de conformidad con el procedimiento
establecido en el Reglamento a esta Ley, con respeto al debido proceso y con la garantía del derecho a la
defensa.
Hasta antes de la emisión de la resolución administrativa sancionadora por parte de la Superintendencia
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, la entidad pública sujeta a control podrá ofrecer un
compromiso tendiente a remediar la acción u omisión motivo del procedimiento administrativo
sancionatorio y la corrección de las acciones u omisiones que causaron la infracción.
La Superintendencia podrá aceptar el compromiso de remediación propuesto por la entidad pública sujeta
a control, cuyo plazo de cumplimiento será de hasta doce meses, fijado por la Superintendencia, según la
gravedad de la infracción, caso contrario el procedimiento sancionatorio continuará su trámite y en caso
de incumplimiento del compromiso de remediación se sancionará con la multa más alta, según el tipo de
infracción.
En caso de no cumplir con el plazo dispuesto se continuará con el procedimiento sancionatorio. El plazo
para el cumplimiento del compromiso no será imputado a los plazos de prescripción de la potestad
sancionatoria ni de caducidad del propio proceso.
De la resolución que emita el órgano competente se podrá apelar ante la o el Superintendente, cuya
resolución causará estado en la vía administrativa.
La Superintendencia podrá disponer la suspensión temporal de la obra o de su uso en el caso que esté
concluida. En la resolución final se impondrá, de ser el caso, la suspensión temporal o permanente de la
actividad, obra o proyecto; el derrocamiento u otras medidas urgentes, a costa de la entidad pública
infractora.
Si dentro de este procedimiento se estimara que el acto en análisis pudiera ser constitutivo de una
infracción penal, el órgano competente de la Superintendencia presentará la denuncia ante la Fiscalía
General del Estado, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar. De igual forma se
remitirá el expediente a otros organismos de control en el caso de detectar presuntas infracciones de
competencia de estos.

## TÍTULO VI — RÉGIMEN SANCIONATORIO > Capítulo III — Infracciones y sanciones a la gestión del suelo sujetas al control de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos

### Art. 111

Responsabilidad. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos establecerán la responsabilidad de las personas naturales y jurídicas públicas o privadas que incurran en el cometimiento de infracciones leves y graves a la gestión del suelo, en el marco de sus competencias y circunscripción territorial, con respeto al debido proceso y con la garantía del derecho a la defensa.

### Art. 112

Infracciones leves. Son infracciones leves a la gestión del suelo, sin perjuicio de las que establezcan los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, las siguientes:
1. Ejecutar obras de infraestructura, edificación o construcción:
a) Sin los correspondientes permisos municipales o metropolitanos exigidos por la autoridad competente.
b) Que incumplan o excedan lo estipulado en los permisos administrativos emitidos por la autoridad competente.
2. No asumir las cargas urbanísticas y las cesiones de suelo obligatorias, impuestas por el planeamiento urbanístico, por la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
3. Realizar fraccionamientos del suelo que contravengan lo establecido en los planes de uso y gestión de suelo y en sus instrumentos complementarios.
4. Obstaculizar o impedir la función de inspección de la autoridad municipal o metropolitana competente.

### Art. 113

Infracciones graves.- Constituyen infracciones graves, sin perjuicio de las que establezcan los
Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, las siguientes:
1. Ejecutar obras de infraestructura, edificación o construcción:
a) Sin la correspondiente autorización administrativa y que irroguen daños en bienes protegidos;
b) Sin las correspondientes autorizaciones administrativas, que supongan un riesgo para la integridad
física de las personas;
c) Que incumplan los estándares nacionales de prevención y mitigación de riesgos. En este caso se
aplicará la máxima pena prevista en el siguiente artículo;
d) Que incumplan la normativa nacional de construcción, En este caso se aplicará la máxima pena
prevista en el siguiente artículo.
2. Ejecutar obras, edificaciones o construcciones en zonas de riesgo no mitigable;
3. Iniciar obras sin aplicar las medidas de estabilización de taludes, drenajes, muros de contención, o
aquellas recomendadas en estudios técnicos para la mitigación de riesgos;
4. Usar materiales no certificados o que incumplan las especificaciones de la Normas Ecuatorianas de la
Construcción en la construcción de obras o edificaciones;
5. Omitir la supervisión técnica obligatoria por profesionales acreditados durante la construcción;
6. Exponer a terceros a riesgos por no señalizar ni aislar correctamente el área de construcción.
El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano deberá establecer de manera expresa
la responsabilidad del propietario o del profesional responsable de la obra (arquitecto o ingeniero), en
cuanto al cumplimiento de las disposiciones técnicas, urbanísticas y constructivas.
El propietario responderá por promover o ejecutar edificaciones sin contar con los permisos y estudios
requeridos, mientras que el profesional responsable asumirá la obligación de garantizar que el diseño,
dirección y ejecución de la obra se ajusten a las Normas Ecuatorianas de la Construcción (NEC), a la
normativa municipal y a las medidas de mitigación del riesgo exigidas. En caso de incumplimiento, el
Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano determinará las sanciones
administrativas, económicas y legales correspondientes, sin perjuicio de las acciones civiles o penales
que pudieran derivarse.

### Art. 114

Sanciones. Serán sujetos infractores las personas naturales o jurídicas que incurran en las prohibiciones o en las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta Ley.
Las infracciones señaladas en este capítulo, serán sancionadas con multa:
1. Infracciones leves: entre el 10% de un salario básico unificado de los trabajadores en general y cincuenta salarios básicos unificados de los trabajadores en general.
2. Infracciones graves: entre cincuenta y cien salarios básicos unificados de los trabajadores en general.
Además de las sanciones pecuniarias, se impondrá, de ser el caso, la suspensión temporal o permanente de la actividad, obra o proyecto; el derrocamiento u otras medidas urgentes, a costa del infractor; y/o el decomiso del beneficio obtenida con la infracción.
Los elementos constitutivos del espacio público, que sean destruidos o alterados, se restituirán.
La reincidencia en el cometimiento de las infracciones previstas en esta Ley se sancionará con el máximo de la pena prevista.

### Art. 115

Procedimiento y recursos. Para la aplicación de las sanciones previstas en la presente Ley, que sean competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, se observará el procedimiento y los recursos administrativos previstos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

### Disposiciones Transitorias

Primera.- El Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, se conformará dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la publicación en el Registro Oficial de la presente Ley.
Segunda.- En el plazo máximo de ciento veinte días a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, será nombrado la o el Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo se conformará dentro del plazo de ciento ochenta días adicionales.
Tercera.- En el plazo de treinta días contados a partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, el ente rector de hábitat y vivienda expedirá las regulaciones correspondientes para la conformación y funciones del Sistema Nacional de Catastro Integrado Georreferenciado; y establecerá normas, estándares, protocolos, plazos y procedimientos para el levantamiento y actualización de la información catastral y la valoración de los bienes inmuebles.
Cuarta.- El ministerio rector del hábitat y vivienda, en un plazo de noventa días a partir de la publicación en el Registro Oficial de la presente Ley, convocará y presentará al Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo para la inmediata aprobación y emisión de las regulaciones nacionales sobre uso y gestión del suelo.
Quinta.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes hasta el 15 de diciembre del 2022, por motivo de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. En el caso de realizar alguna intervención que según la normativa vigente requiera de un plan parcial, se aprobarán previo a iniciar dicha intervención.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados que presentaron sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes dentro del primer año luego de concluido el estado de excepción nacional dictado mediante Decreto Ejecutivo número 1126, podrán presentar alcances a los mismos hasta el 15 de diciembre de 2022, por iniciativa propia, por petitorio de la ciudadanía al Gobierno Autónomo
Descentralizado o a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, y por observación de esta entidad.
Por otro lado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados que presentaron sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes dentro del primer año luego de concluido el estado de excepción nacional dictado mediante Decreto Ejecutivo número 1126, sobre los cuales la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo ha iniciado cualquier tipo de proceso sancionatorio o de control, podrán hasta el 15 de diciembre de 2022, subsanar cualquier tipo de error identificado por el órgano de control, lo que evitará que se incurra en cualquier tipo de sanción.
En cualquiera de los dos casos señalados en los incisos precedentes, la Superintendencia de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo, deberá señalar las observaciones y/o errores, y notificarlos oportunamente al Gobierno Autónomo Descentralizado correspondiente, hasta el 15 de diciembre de 2022.
Finalizado dicho plazo, no se podrá iniciar ningún tipo de procedimiento de control o sancionatorio, si las observaciones y/o errores no han sido debidamente notificadas al Gobierno Autónomo Descentralizado correspondiente.
Disposición Transitoria Tercera de la presente Ley. Vencido dicho plazo, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos que no hubieren cumplido con lo señalado anteriormente, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 107 de esta Ley.
Una vez cumplido con el levantamiento de información señalado en el inciso anterior, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos actualizarán la información catastral de sus circunscripciones territoriales de manera continua y permanente, atendiendo obligatoriamente las disposiciones emitidas por la entidad rectora de hábitat y vivienda.
Una vez expedidas las regulaciones del Sistema Nacional de Catastro Nacional Integrado Georreferenciado, el ente rector del hábitat y vivienda deberá cuantificar ante el Consejo Nacional de Competencias, el monto de los recursos requeridos para el funcionamiento del aludido Catastro, a fin de que dicho Consejo defina el mecanismo de distribución, con cargo a los presupuestos de los gobiernos municipales y metropolitanos, que se realizarán mediante débito de las asignaciones presupuestarias establecidas en la ley.
Décima.- Hasta que se apruebe la normativa técnica correspondiente, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados aplicarán los parámetros técnicos aprobados en sus respectivas ordenanzas que no se contraponga a esta Ley.
Décimo primera.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos realizarán en el plazo de un año una evaluación de las infraestructuras, edificaciones y construcciones existentes en su jurisdicción, en especial las de alta concurrencia de personas, según los parámetros establecidos por el Consejo Técnico, con la finalidad de determinar aquellas que incumplan con las normas sobre construcción y riesgo. En caso de determinar incumplimientos que pongan en peligro dichas estructuras frente a fenómenos naturales se declararán en ruina y se aplicará lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 de esta Ley. En el caso de incumplimiento de esta obligación el ente rector nacional realizará dicha evaluación a costa del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano. Para el efecto se aplicará el procedimiento de intervención regulado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Esa misma obligación tendrá el Gobierno Central en el plazo de un año en todas las infraestructuras, edificaciones y construcciones de las instituciones públicas, en especial las de alta concurrencia de personas, que se ubiquen en zonas rurales o sean parte de los sectores estratégicos, según los parámetros establecidos por el Consejo Técnico. En caso de determinar incumplimientos que pongan en peligro dichas estructuras frente a fenómenos naturales se adoptarán las medidas necesarias para remediarlos y de no ser posible se dispondrá su derrocamiento.
En el caso que el Gobierno Central o los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos incumplan los plazos antes indicados incurrirán en la infracción contemplada en el artículo 108 numerales 5 y 6, respectivamente.
Décimo segunda.- Hasta que se constituyan los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales las competencias exclusivas sobre ordenamiento territorial de este nivel de gobierno continuarán bajo la responsabilidad del Gobierno Central que las ejercerá en la Estrategia Territorial Nacional.
Décimo tercera.- La dotación de servicios públicos, especialmente los sistemas públicos de soporte, en los asentamientos humanos consolidados existentes hasta la entrada en vigencia de esta Ley deberán ser construidos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos en el plazo de cinco años. En caso de no realizarse en ese plazo, se podrá aplicar el procedimiento de intervención regulado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con la finalidad de que el Gobierno Central proceda a hacerlo directamente.
De autorizarse la intervención el Consejo Nacional de Competencias aprobará el mecanismo de recuperación de recursos con cargo al presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado intervenido, precautelando su sostenibilidad financiera.

### Disposiciones Reformatorias

DISPOSICIONES REFORMATORIAS
Primera.- Refórmese el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización de la siguiente manera:
1. Agréguese al final del literal f) del artículo 6 la frase "salvo disposición expresa en contrario".
2. Agréguese al final del literal h) del artículo 41 lo siguiente: ", respetando el lote mínimo y demás normativa urbanística del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano".
3. En el literal b) del artículo 304 agréguese después de la palabra "territorial", la siguiente frase: "y demás instrumentos de planeamiento del suelo y su gestión".
4. Sustituir el artículo 424 por el siguiente:
".- Área verde, comunitaria y vías.- En las subdivisiones y fraccionamientos sujetos o derivados de una autorización administrativa de urbanización, el urbanizador deberá realizar las obras de urbanización, habilitación de vías, áreas verdes y comunitarias, y dichas áreas deberán ser entregadas, por una sola vez, en forma de cesión gratuita y obligatoria al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano como bienes de dominio y uso público.
Se entregará como mínimo el quince por ciento (15%) calculado del área útil urbanizable del terreno o predio a urbanizar en calidad de áreas verdes y equipamiento comunitario, de acuerdo a lo establecido por la planificación municipal, destinando exclusivamente para áreas verdes al menos el cincuenta por ciento de la superficie entregada. Se exceptúan de esta entrega, las tierras rurales que se fraccionen con fines de partición hereditaria, donación o venta; siempre y cuando no se destinen para urbanización y lotización.
La entrega de áreas verdes, comunitarias y de vías no excederá del treinta y cinco por ciento (35%) del área útil urbanizable del terreno o predio.
En el caso de predios con una superficie inferior a tres mil metros cuadrados, la municipalidad o distrito metropolitano, podrá optar entre exigir la entrega del porcentaje establecido en los incisos previos de áreas verdes y equipamiento comunitario del área útil del terreno o su compensación en dinero según el avalúo catastral del porcentaje antes indicado, de conformidad con lo establecido en la ordenanza municipal correspondiente. Con estos recursos la municipalidad deberá crear un fondo para la adquisición de áreas verdes, equipamiento comunitario y obras para su mejoramiento.
En las áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público destinados a áreas verdes, podrán ser cambiados de categoría exclusivamente a favor de instituciones públicas para consolidar y construir equipamientos públicos de conformidad con lo que establezca en su normativa el Gobierno Autónomo
Descentralizado. La institución pública beneficiaría tendrá la obligación de compensar el equivalente al valor del bien que recibe, en base al avalúo realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano."
5. Sustituir el inciso 1 del artículo 470 por el siguiente:
"El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano, en cualquier división o fraccionamiento de suelo rural de expansión urbana o suelo urbano, exigirá que el propietario dote a los predios resultantes de infraestructura básica y vías de acceso, los que serán entregados al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano. Según el caso, se aplicará el régimen de propiedad horizontal y demás normas de convivencia existentes para el efecto, que se regularán mediante este Código y las ordenanzas."
6. Al final del artículo 557 agregar lo siguiente: "y concesión onerosa de derechos".
7. En el artículo 596, numeral 4 eliminar lo siguiente: "; debido a los costos ocasionados a la Municipalidad por la construcción de equipamiento de obras de infraestructura para atender servicios básicos del asentamiento humano.
Segunda.- Refórmese el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas de la siguiente manera:
1. En el Título I del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, luego de la palabra "desarrollo", agréguese (,) y la frase "el ordenamiento territorial".
2. En el Capítulo Primero del Título I del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, luego de la palabra "desarrollo", agréguese la frase "y del ordenamiento territorial".
3. En el artículo 18 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas luego de la palabra "desarrollo", agréguese la frase "y del ordenamiento territorial".
4. Sustitúyase el numeral 5 del artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas por el siguiente:
"5. Un representante de los niveles de gobierno parroquial rural, provincial y regional en el caso de los municipios; y parroquial rural, municipal y provincial en el caso de las regiones."
5. En la Sección Segunda del Capítulo Tercero del Título II del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, luego de la palabra "desarrollo", agréguese "," y la frase "la estrategia territorial nacional".
6. Sustitúyase el numeral 6 del artículo 36 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas por el siguiente:
"6. Estrategia Territorial Nacional y lineamientos de planificación territorial; y,"
7. A continuación del artículo 36 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agréguense los siguientes artículos:
".- 36.1.- De la Estrategia Territorial Nacional.- La Estrategia Territorial Nacional (ETN) es parteArt. - 36.1 constitutiva del Plan Nacional de Desarrollo y sus determinaciones tendrán carácter vinculante y serán de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
La Estrategia Territorial Nacional es la expresión de la política pública nacional en el territorio y es un instrumento de ordenamiento territorial a escala nacional, que comprende los criterios, directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento del territorio, sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, los asentamientos humanos, las actividades económicas, los grandes equipamientos y la protección del patrimonio natural y cultural, sobre la base de los objetivos y políticas nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
La Estrategia contendrá lineamientos de política específicos para zonas de frontera, la Amazonía, el régimen especial de Galápagos y el territorio marino costero, sin detrimento de su carácter nacional.
.- Contenido de la Estrategia Territorial Nacional.- La Estrategia Territorial Nacional tendrá como contenidos mínimos los siguientes:
1. Descripción e interpretación de las características actuales y potenciales del territorio nacional;
2. La definición de un modelo de ordenamiento territorial nacional, que considerará las características territoriales y los objetivos y planteamientos nacionales;
3. Directrices y lineamientos territoriales de escala nacional que deben aplicarse en el resto de instrumentos de ordenamiento territorial;
4. Directrices para la articulación de las decisiones de los distintos niveles de gobierno en el territorio nacional; y, 5. Metas e indicadores."
8. En el epígrafe del artículo 37 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, luego de la palabra
"Plan", agréguese la frase "y de la Estrategia Territorial Nacional"; asimismo, en el inciso primero, luego de la frase "Plan Nacional de Desarrollo", agregar la frase "y la Estrategia Territorial Nacional".
9. Sustitúyase el artículo 38 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas por el siguiente:
".- Aprobación del Plan y de la Estrategia Territorial Nacional.- La o el Presidente de la República, en el año de inicio de su gestión, presentará el Plan Nacional de Desarrollo con su Estrategia Territorial Nacional ante el Consejo Nacional de Planificación, que lo analizará y aprobará mediante resolución.
Mientras no sea aprobado el Plan Nacional de Desarrollo con su Estrategia Territorial Nacional, no se podrá presentar la programación presupuestaria cuatrianual ni la proforma presupuestaria.
Si el Plan Nacional de Desarrollo con su Estrategia Territorial Nacional no es aprobado por el Consejo
Nacional de Planificación, hasta noventa días después de iniciada la gestión de la Presidenta o Presidente de la República, entrará en vigencia por mandato de esta Ley.
Una vez aprobado, el Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial Nacional será remitido a la Asamblea Nacional para su debido conocimiento."
10. Sustitúyase el artículo 39 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas por el siguiente:
".- Seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional.- La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo coordinará los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional en función de los procedimientos definidos en el reglamento de este Código. El informe anual de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo será presentado por la Presidenta o Presidente de la República a la Asamblea Nacional.
En caso de requerirse correctivos o modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y a la Estrategia Territorial
Nacional, la Presidenta o Presidente de la República pondrá a consideración del Consejo Nacional de Planificación dicha propuesta, que será conocida y aprobada en un plazo no mayor de diez días."
11. A continuación del artículo 40, en la Sección Tercera, del Capítulo Tercero, del Título II del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agréguese los siguientes artículos:
".- De los planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégico.- El Gobierno Central podrá formular planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégico que tendrán por objeto planificar el territorio de influencia de estos proyectos.
Las determinaciones de estos planes tendrán carácter vinculante y serán de obligatorio cumplimiento para la planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial de los diferentes niveles de gobierno.
Las políticas y estrategias de estos planes especiales tendrán una visión de largo plazo, coherente con la duración del proyecto nacional de carácter estratégico. Los programas, subprogramas, proyectos y actividades financiadas con las rentas y regalías provenientes de la ejecución del proyecto respectivo, apuntalarán a la consecución de las prioridades de desarrollo nacionales.
El ente regulador del ordenamiento territorial expedirá las regulaciones nacionales correspondientes para su formulación, coordinación y articulación con los otros niveles de gobierno donde tenga incidencia el proyecto.
.- De los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio.- Serán emitidos por los ministerios correspondientes y se deberán articular con el Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial Nacional.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo expedirá los lineamientos, metodologías y las regulaciones nacionales correspondientes para su formulación, reporte, validación, actualización, seguimiento y evaluación, así como para la articulación con los otros niveles de gobierno.
Los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio contendrán, al menos, un diagnóstico del sector, la propuesta, el modelo de gestión, la planificación de los servicios públicos y el presupuesto respectivo del plan. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo definirá el contenido de cada componente.
Para la actualización de los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio se requerirá el informe favorable de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que considerará, entre otros aspectos, la visión de largo plazo contenida en el Plan Nacional de Desarrollo."
12. Sustitúyase el artículo 41 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas por el siguiente:
".- Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los instrumentos de planificación que contienen las directrices principales de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y articulada del territorio.
Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial deseado, establecidos por el nivel de gobierno respectivo.
Serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización.
Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo."
13. Sustitúyase el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas por el siguiente:
".- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- En concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrán, al menos, los siguientes componentes:
a. Diagnóstico.- El diagnóstico de los planes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrán, por lo menos, lo siguiente:
1.- La descripción de las inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio;
2.- La identificación y caracterización de los asentamientos humanos existentes y su relación con la red de asentamientos nacional planteada en la Estrategia Territorial Nacional.
3.- La identificación de las actividades económico-productivas, zonas de riesgo, patrimonio cultural y natural y grandes infraestructuras que existen en la circunscripción territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado.
4.- La identificación de proyectos nacionales de carácter estratégico y sectorial que se llevan a cabo en su territorio;
5.- Las relaciones del territorio con los circunvecinos;
6.- La posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y,
7.- El modelo territorial actual.
b. Propuesta.- La propuesta de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados contendrá, al menos, lo siguiente:
1.- La visión de mediano plazo;
2.- Los objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, resultados, metas deseadas, indicadores y programas, que faciliten la rendición de cuentas y el control social; y 3.- El modelo territorial deseado en el marco de sus competencias.
c. Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los Gobiernos Autónomos Descentralizados precisarán, por lo menos, lo siguiente:
1.- Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan; y,
2.- Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de la inversión pública.
3.- Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.
Para la determinación de lo descrito en el literal b, se considerará lo establecido en la Estrategia Territorial
Nacional, los planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégico, y los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio.
Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados considerarán la propuesta de los planes de los niveles superiores e inferiores de gobierno, así como el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
Tercera.- Refórmese la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles de la siguiente manera:
1. Agréguese luego del artículo 75 el siguiente Capítulo:
"Capítulo II Registro Único de Residencia
.- Del registro único de residencia. El registro único de residencia consiste en un padrón en donde se registra la residencia de las personas naturales, nacionales o extranjeras, en el territorio ecuatoriano.
.- Residencia. Para efectos de la aplicación de este capítulo, se entenderá por residencia al lugar habitual de morada o habitación de un individuo, independientemente del derecho de dominio, uso, usufructo o habitación que ejerza la persona respecto del inmueble en el que mora o habita; o de su calidad de arrendatario del mismo.
Si la persona es propietaria de varios bienes inmuebles, y siempre que no hubiera constituido sobre ellos derechos de uso, usufructo o habitación, ni los hubiera dado en arrendamiento; deberá registrar como su residencia todos los inmuebles de su propiedad, con la especificación del lugar habitual de morada o habitación, que será registrado como residencia principal. Los demás inmuebles serán registrados como residencias secundarias.
.- Obligación de registrar la residencia. Están obligadas al registro todas las personas naturales mayores de edad, nacionales o extranjeras, que tengan su residencia en territorio ecuatoriano.
En caso de que las personas obligadas a registrar su residencia, habiten o moren con niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores que no puedan realizar el registro por sí mismas, o personas con discapacidad que no puedan ejercer esta obligación de manera personal, deberán registrar la residencia de éstas en el mismo acto.
El registro de residencia deberá ser actualizado periódicamente de conformidad con lo establecido en la presente Ley y demás normativa aplicable.
Las personas obligadas al registro de residencia deberán consignar información veraz sobre su residencia.
En caso de que la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación identifique falsedad en los datos consignados por una persona, será sancionada de conformidad con lo establecido en esta Ley.
.- Registro y actualización de la residencia. Las personas están obligadas a registrar o actualizar su residencia cada vez que deban inscribir o registrar los hechos o actos relativos a su estado civil e identificación; cada vez que cambien de residencia, o cuando la Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación lo requiera, según la normativa que establezca para el efecto.
Así mismo, están obligadas a registrar o actualizar su residencia para la elaboración del padrón electoral, de conformidad con la normativa emitida por el Consejo Nacional Electoral y la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.
El registro o actualización de residencia se deberá efectuar hasta un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a la fecha en la que se modificó la residencia, caso contrario se aplicará la sanción prevista en este capítulo.
.- Alcance del registro único de residencia. Los datos consignados en el registro único de residencia constituyen prueba de la residencia de la persona, y servirán como fuente única para la elaboración del padrón electoral, para fines estadísticos y para el acceso a servicios públicos, de conformidad con la normativa que se dicte para el efecto.
Las entidades, organismos y dependencias del sector público y del sector privado que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos, están obligadas a utilizar el registro único de residencia para todos los casos en los que se requiera establecer la residencia de las personas naturales, nacionales o extranjeras, que se encuentran en territorio ecuatoriano.
Las certificaciones que de dichos datos expida la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, tendrán carácter de documento público para todos los efectos administrativos.
.- Del mantenimiento y custodia del registro único de residencia. La formación, mantenimiento, actualización, revisión y custodia del registro único de residencia es competencia de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.
La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación expedirá las regulaciones correspondientes para la conformación, funcionamiento e implementación del registro único de residencia, y será responsable de su actualización en los casos que corresponda.
.- Remisión de información. La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación remitirá a la entidad encargada de la información estadística y censal, los datos del registro único de residencia, para la elaboración del censo de población y vivienda.
Para el efecto, la entidad encargada de la información estadística y censal regulará los estándares, protocolos, plazo y procedimiento para el envío de los datos del registro único de residencia; así como para la elaboración del censo por registros administrativos.